Condiciona Senado aval, por leyes anticorrupción

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El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth (PAN), afirmó que la Cámara Alta no ha tenido una actitud de obstrucción sobre la discusión de la iniciativa del Ejecutivo federal en materia de Mando Único policial.

Ayer, durante una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el presidente Enrique Peña Nieto urgió al Congreso de la Unión a discutir su iniciativa en materia de Policía Única estatal, misma que presentó en diciembre de 2014.

“No ha habido bajo ninguna circunstancia una actitud de obstrucción del Senado, por el contrario, no sólo hemos discutido la que fue presentada por el Presidente de la República, sino que hemos presentado las alternativas”, dijo Gil Zuarth en entrevista.

El senador panista aseguró que bastaría con que las comisiones convoquen para entrar a la discusión y la negociación de los contenidos, ya que cada grupo parlamentario tiene una posición, lo que falta es conciliar y encontrar un modelo virtuoso para el país.

El legislador insistió en que hay disposición de contar con un nuevo modelo de seguridad pública; sin embargo, reiteró que esta va de la mano de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Nosotros hemos dicho que es impensable un nuevo modelo de seguridad pública si al mismo tiempo no se fortalece la capacidad institucional de combatir la corrupción. Buena parte de la debilidad institucional policiaca tiene que ver con una altísima corrupción, en consecuencia son dos debates que van de la mano”, expresó.

Presentan hoy propuestas. El presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero (PVEM), informó que hoy presentará un paquete de siete iniciativas para el Sistema Nacional Anticorrupción, en las que destacan la Ley General del Sistema, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Sobre Ley General de Responsabilidades Administrativas, Escudero dijo que retoma los foros de discusión para un incremento en las sanciones contra los servidores públicos y particulares.

En faltas graves, alcanzarían hasta 20 años de inhabilitación —el doble de que se señala la ley actual— y sanciones económicas hasta dos tantos del beneficio o perjuicio causado.