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La Contraloría General del INE inició 205 expedientes de investigación como resultado del incumplimiento, en 2015, de la obligación que tienen los servidores públicos del organismo de presentar su declaración de situación patrimonial.
De acuerdo con la Contraloría General del Instituto impuso sanciones de amonestación pública a 12 servidores públicos de oficinas centrales y 11 de órganos desconcentrados.
Además, recibió una denuncia promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “por hechos presuntamente irregulares relacionados con la substanciación” de un expediente integrado en términos del Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral, anomalía atribuible a personal del Servicio Profesional Electoral Nacional.
De acuerdo con el documento, la Contraloría todavía considera necesario reducir el número de plazas y abatir el subejercicio presupuestal.
Así, identificó seis aspectos que “afectan el proceder” de la institución: información financiera oportuna, cierta, definitiva y verificable; las dimensiones de la estructura ocupacional del Instituto (plantilla laboral); desempeño presupuestal, calendarización de las adquisiciones, subejercicio presupuestal y operación del marco normativo de control interno.
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