Medidas “antiAbarcas” en el PRD, congeladas

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Las medidas aprobadas por el 14 Congreso Nacional del PRD para evitar más “Abarcas” en ese partido cumplieron cuatro meses en la congeladora, sin que legisladores ni dirigentes las hayan puesto en práctica.

En septiembre pasado el Congreso del PRD aprobó, junto con una resolución sobre el caso Ayotzinapa y otras para la transformación del partido y el relevo de la dirigencia nacional, un plan de acción con tres medidas “de carácter inmediato” para blindar y vigilar a sus administraciones y bancadas, combatir la corrupción y propiciar la redición de cuentas.

El acuerdo avalado junto con otros resolutivos ni siquiera consta en el portal del PRD o en su página de transparencia, aunque se acordó crear un micrositio en el que los legisladores federales publicarían, “a más tardar” el 1 de noviembre de 2015, su declaración 3x3: fiscal, de intereses y patrimonial.

El secretario de Acción Política Estratégica del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, reconoció que “el tema electoral y las alianzas han mantenido al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido en otros asuntos”.

En diciembre, dijo, la dirigencia perredista acordó acelerar los trabajos para cumplir el mandato del Congreso Nacional en los próximos meses, pues el resolutivo incluye la obligación del Consejo Nacional del PRD de habilitar una página de internet donde los funcionarios publicarían su información.

“Se comentó en el CEN ese tema, se dio la orientación de integrar estos expedientes, no se puso plazo por el asunto en el que hemos estado de las alianzas, que no ha sido nada fácil. Quedó el exhorto de que se fueran integrando” los documentos , indicó.

“El resolutivo especial sobre acciones legislativas y de gobierno de carácter inmediato” incluyó otras disposiciones para gobiernos perredistas, representantes populares emanados del PRD, así como para todos los dirigentes o integrantes del partido que reciban o manejen recursos públicos.

Alientan que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se involucren en la definición de la agenda legislativa y crean observatorios ciudadanos en coordinación con los consejos estatales y el Nacional.

También incluye las disposiciones para administraciones perredistas que se encuentran estancadas.

Para 2016, según lo ordenado por el Congreso, aún están vigentes plazos por cumplir.