DIF debe ser para expertos: diputada

La diputada Olga Catalán Padilla (PRD) propuso modificaciones a la Ley de Asistencia Social, para prohibir que cónyuges o parientes consanguíneos —hasta en cuarto grado, por afinidad o civiles— del Ejecutivo, secretarios o subsecretarios de Estado, puedan fungir como director general o integrantes del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En la propuesta de la legisladora se especifica que el director general del DIF tendrá que ser un ciudadano mexicano, mayor de treinta años de edad, con título expedido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en materia administrativa y con experiencia probada en asistencia social, mismo que será designado, y en su caso removido, por el Presidente de la República.

De aprobarse la iniciativa de Catalán Padilla, los integrantes del consejo —facultados para emitir opiniones y recomendaciones sobre políticas y programas nacionales, apoyar actividades y contribuir a la obtención de recursos que permitan el incremento de su patrimonio— tendrán que cumplir con las mismas características de quien funja como director; además, de que no percibirán retribución o compensación alguna y serán seleccionados entre los sectores público y privado.

“Durante largo tiempo, el DIF ha formado parte esencial de la actividad gubernamental y social del país, pero también hemos sido testigos de que ha derivado su actuar hacia terrenos sociopolíticos laterales y no siempre coincidentes con los grandes problemas nacionales. Es visto por la mayoría de los gobernantes como un incómodo compromiso con los sectores sociales que no corresponden con las pautas sociales hegemónicas, destinado a las cónyuges de los gobernantes, quienes, no nos engañemos, disponen de recursos públicos a pesar de actuar al amparo de cargos honorarios”, argumentó Catalán Padilla en el texto.

Tradicionalmente, el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF es presidido por el cónyuge del gobernante en turno, lo que a juicio de la legisladora, les permite tener acceso a millones de pesos del erario a quienes carecen de preparación, perfil y motivación adecuada; opinó que es necesario profesionalizar ese sistema.