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Para la doctora Josefina Román, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de México, uno de los retos de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Transparencia es llevar este derecho a los municipios donde no hay internet o se rigen por usos y costumbres.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la recién electa coordinadora de órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia asegura que su intención es llevar la voz de los institutos a este nuevo andamiaje institucional, donde participan en el Inai, el Inegi, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación.

¿Cuáles serán los retos de este Sistema Nacional de Transparencia?

—Tenemos muchos retos por delante, pero la aspiración es ser la voz de los estados en este Sistema Nacional de Transparencia.

¿Cuáles son los puntos con los que deben comenzar?”

—Con las reformas aumenta el número de sujetos obligados, ya no sólo son los sujetos obligados de los tres Poderes, de los organismos descentralizados, empresas del Estado, hoy, los fondos, partidos políticos, sindicatos y todas las personas físicas o morales que reciban recursos públicos son sujetos de transparencia. Eso nos hace crecer exponencialmente en obligaciones.

¿Cómo le van a hacer con los estados para que no se retrasen en la homologación de sus leyes?

—No vamos a permitir lo que ocurrió con la reforma en transparencia en 2006, cuando los estados no homologaron sus leyes con la Constitución.

Todas las entidades federativas y el Distrito Federal estamos convencidos con el tema y estamos trabajando.

¿Cuántos estados faltan de armonizar sus leyes?

—El Estado de México armonizó su Constitución estatal con la Constitución federal, pero falta la mayoría de los estados, tenemos que trabajar.

Insisto, ¿cuántos faltan?

—No tengo el dato exacto.

¿Cuáles son las dificultades con los municipios donde la transparencia llegará con estas reformas?

—Es un área de oportunidad que nosotros tenemos que ver. En el Edomex hay 125 municipios donde ya hay avances, porque la mayor parte de la información que se solicita es financiera, presupuestal y de obra que tiene mucho que ver con los formatos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pero en el país hay más de 2 mil 400 municipios.

Oaxaca tiene 570 municipios y 417 de ellos se rigen por usos y costumbres, por lo que el asunto está muy complicado.

Cada entidad federativa es diferente y cada municipio de la misma manera, por ello son los órganos garantes locales los que conocen cuáles son las problemáticas que se tienen, las ventajas en algunas regiones, qué tipo de capacitación se tiene que dar y cuál es la mejor manera de socializar el derecho de acceso a la información.

En la India se utilizan pizarrones o muros en las escuelas para informar a la ciudadanía en qué se invierte. ¿Eso podría funcionar para los municipios sin tecnología?

—Yo no descartaría nada, todo lo que sirva para socializar el derecho es sano, nosotros hemos organizado eventos de lucha libre para los niños, con la intención de mostrar que tiene derecho a solicitar la información que les sirva y que tiene derecho y obligación de proteger sus datos. Si tenemos que hacerlo con pintas, haremos pintas, con programas de radio o graffitis, no se descarta nada, debemos estar abiertos y buscar nuevas formas de socializar el derecho.

¿Cómo ve la actitud de los mandatarios locales, ya les cayó el veinte que la información es de los ciudadanos?

—Es muy diverso, la más grande área de oportunidad es en los municipios; en general, los estados tienen más recursos, personas capacitadas en el tema, actualizan su información, en cambio hay municipios que no tienen la capacidad tecnológica o los recursos financieros para hacerlo. Tendremos que analizar a fondo qué es lo que sucede en cada uno de los más de 2 mil 400 municipios.

¿Cómo resolverán los casos de municipios donde no hay internet?

—En principio tendrán que respetarse en esos municipios sus propias normas, donde se rigen por usos y costumbres; sin embargo, tendremos que acercarnos con todo respeto.

¿Qué ganarán los ciudadanos con estas leyes?

—La transparencia es la llave de acceso para otros derechos. Es una herramienta que puede evitar corrupción y que si se acostumbra a usarla, se puede convertir en una contraloría social. El hecho de ser visto por todos, de saberme visto por todos evitará la corrupción.

Viene un recorte en el presupuesto, ¿eso cómo afecta al sistema?

—Aumentaron nuestras atribuciones, pero no el presupuesto. Necesitamos recursos que provengan de las legislaturas locales o del presupuesto federal, porque la reforma constitucional fue del Congreso de la Unión.

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