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Los ministros Olga Sánchez Cordero, Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas fueron designados como los tres integrantes del nuevo Comité Especializado en Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que ellos serán los responsables de responder los recursos de revisión y reconsideración que los particulares presenten cuando estén inconformes con una solicitud de información pública presentada ante el máximo tribunal.

Tras un acuerdo administrativo emitido el pasado lunes, el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, hizo la designación correspondiente, por lo que ahora le corresponderá a los ministros del Comité Especializado revisar las decisiones del alto tribunal cuando las instancias previas nieguen, reserven o declaren la inexistencia de la información que les fue solicitada.

Los objetivos. Según el ministro Aguilar, a la par de este comité integrado por ministros, también va a operar un Comité de Transparencia de la SCJN, que será el responsable de definir la clasificación y reserva de la información interna dentro de la propia Corte.

El objetivo es que el Poder Judicial de la Federación (PJF) cumpla con las nuevas disposiciones que contempla la Ley General de Transparencia, tanto en asuntos administrativos como en los que se deriven de la función jurisdiccional que desarrollan los propios ministros en el pleno y en las salas del máximo tribunal del país.

Los datos oficiales muestran que sólo en 0.2% de las solicitudes de información que se presentan ante la SCJN para conocer sus funciones y operación interna, se niega o se reserva la información solicitada por las personas, con el argumento de que se trata de datos sensibles o personales de algunos de los involucrados.

De enero a julio de 2015 se presentaron ante la Unidad de Transparencia de la Corte 31 mil 972 solicitudes de acceso a información, 99.8% de las cuales se atendieron de manera favorable para el peticionario.

El Comité de Transparencia será la instancia previa al Comité Especializado que deberá definir la ruta de capacitación para funcionarios judiciales en las áreas de transparencia, protección de datos personales y derecho de acceso a la información, además de emitir las clasificaciones y reservas para la información que genera la Suprema Corte de Justicia.

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