Urgen a bajar gasto público a partidos

carina.garcia@eluniversal.com.mx

Aún no termina la calificación de las elecciones federales del 7 de junio y ya se perfilan temas para la nueva y urgente reforma electoral que acote lagunas legales y otorgue margen de maniobra al Instituto Nacional Electoral (INE) para resolver conflictos con partidos y candidatos.

Para algunos expertos, el sistema requiere sólo ajustes, pero para otros se precisa cirugía mayor que toque el gasto creciente dedicado a los partidos y corrija el método de designación de autoridades electorales nacionales y estatales.

Otros temas consisten en atender pendientes que se arrastran desde hace nueve años, como regular la propaganda gubernamental o correcciones a la reforma, como el exceso de atribuciones que se dio al INE.

El profesor-investigador y experto en elecciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Pablo Javier Becerra Chávez, consideró medular reducir el financiamiento de los partidos y el gasto en política.

“Tenemos un país pobre con partidos ricos, ellos no sufren crisis económicas porque hay una fórmula prevista en la Constitución para calcular su financiamiento en función del padrón.

“Por eso no se preocupan, tienen dinero garantizado y no están estimulados a hacer una mejor política y mejores campañas. Si el financiamiento se vinculara con el porcentaje de participación de los ciudadanos en las elecciones y no con el padrón electoral, me parece que los partidos se esforzarían”.

El hoy abogado general de la UNAM y experto electoral, César Astudillo Reyes, se pronunció por revisar el financiamiento que reciben los partidos en los estados, pues gracias a la reforma creció en mil 500 millones de pesos.

Había quejas de que se les da más dinero a los partidos “y, ¡oh sorpresa!, la reforma dio todavía más dinero, sobre todo en los estados”.

Esto ocurrió porque la fórmula federal para fijar el financiamiento público se homologó en los estados “y hay casos, como Baja California, que triplicó el financiamiento público de un día para otro”, lo que debe corregirse.

Reforzar fiscalización. En contraparte, se hace necesario reforzar los controles al ejercicio del gasto y los mecanismos de fiscalización, indicó Astudillo Reyes, pues pueden ser eficaces pero no resolver el problema.

Hasta los candidatos dicen que el tope de campaña es “irreal y algunos dicen: ‘me gasto cinco veces, me gasto ocho veces’. El problema está en lo que no es dinero institucional” y del que no se puede seguir el rastro, que “es el dinero negro que no entra al sistema y que no se le puede seguir la pista”.

Dijo que esto es algo “que puede poner el jaque al sistema (porque) estamos partiendo de la hipocresía. Los partidos se ponen sus reglas y dicen no vamos a superar este tope, pero saben que es irreal y que todos van más allá”.

La experta en derecho electoral y hoy secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF), Carla Humphrey, planteó reforzar la fiscalización.

“Quizá se requieran mecanismos de mayor coordinación con autoridades hacendarias del país, y que esto sea permanente. Que no sea a petición del INE, sino que funcione siempre para revisar operaciones de partidos con personas morales, para que el instituto cuente con los datos de ingresos y egresos de los partidos” y su registro en el sistema hacendario y bancario, sin importar si hay campañas o no.

Además, “hay que ir actualizando la norma, porque los partidos, las tecnologías y los particulares evolucionan sus prácticas”.

Terminar con cuotas. Para Becerra Chávez urge cambiar el mecanismo de designación de consejeros del INE y de Organismos Públicos Electorales Locales (OPL), para impedir a los partidos “utilizar el sistema de cuotas” y que sea un concurso de oposición y los méritos los que dominen.

El proceso seguido para designar a los consejeros del INE fue “correcto, pero sólo en la mitad que implicó la convocatoria y la valoración a cargo de una comisión de especialistas, pero luego “los partidos fueron negociando en función de los que eran más cercanos o los más aceptables. Ahora, el problema es que cotidianamente el INE tiene enfrentamientos en donde es inevitable sacar a colación el origen partidario de los consejeros” o su padrinazgo.

Que trabajen los OPL. Otro punto en el que Astudillo Reyes pone énfasis en debates académicos, es la sobrecarga de atribuciones del INE, en total 74 nuevas, de las cuales 53 fueron para nacionalizar las elecciones.

Por eso, en este punto, Becerra y el politólogo de la Universidad Iberoamericana (UIA), León David Zayas Ornelas, experto en comportamiento electoral, se pronunciaron por una revisión del esquema que mantuvo a los OPL, pero le dio sus facultades al INE.

El instituto está sobrecargado de atribuciones y sin claridad, por lo que su diseño debe ser afinado, comentó Zayas Ornelas.

Por ejemplo, “no se puede esperar que la autoridad sea árbitro de los partidos y al mismo tiempo llegar a acuerdos con ellos , y también fiscalizarlos y luego ver si proceden pérdidas de registro o no. No se le puede pedir llegar a acuerdos con los partidos y al mismo tiempo ser policía de los mismos”.

También deberán repensarse las atribuciones del INE en materia elecciones locales, pues, indicó Becerra Chávez, “se sobrecargó al INE y descargó de trabajo a los OPL”.

Sobre el modelo de comunicación política, que consiste en la prohibición a partidos y candidatos de adquirir tiempos en radio y televisión, pero garantiza su acceso gratuito, vía los tiempos del Estado, Astudillo y Becerra Chávez se pronunciaron por mantener el esquema, pero optimizar el uso del tiempo.

Becerra Chávez dijo que los partidos se deben esforzar por mejorar la política “y no estar sumidos en el pantano de la infrapolítica” con propaganda negra. Dado que estos asuntos se resolvieron en tribunales electorales, Humphrey Jordan planteó que el legislador deberá analizar cómo operó la Sala Regional Especializada del TEPJF y si ese es el modelo que se requiere para resolver controversias sobre spots y campañas.

La experta consideró viable que una reforma resuelva pendientes como los informes legislativos o de actividades, para acotar su temporalidad, o el servidor que puede presentarlo.