Autoridad, obligada a garantizar convivencia pacífica: SCJN

Todas las autoridades están obligadas a asegurar la convivencia pacífica que demanda México, la cual solo se puede garantizar si se sustenta en la justicia y la credibilidad de las instituciones, afirmó el ministro Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su intervención durante la firma de un convenio de donación de predio donde se edificará el Centro de Justicia Penal Federal en Hidalgo, el ministro presidente Aguilar aseguró que el Poder Judicial de la Federación cumplirá a tiempo con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal.

México exige justicia y todas las instituciones tienen el compromiso de satisfacerla haciendo realidad la protección de los derechos humanos, expresó ante el gobernador de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, y del consejero de la Judicatura Federal (CJF) Alfonso Pérez Daza.

Al respecto el ministro presidente destacó que la colaboración de los distintos niveles de gobierno hace posible avanzar en esa meta, para obtener el verdadero entorno de seguridad y de justicia que el país espera, además de que el nuevo Nuevo Sistema de Justicias Penal está basado en la inmediatez y la continuidad de sus procedimientos, lo que le da transparencia y credibilidad.

El presidente de la SCJN expresó que no existe diferencia alguna entre la justicia de los estados y la federal, sino una distribución de competencias que concretan una colaboración continua, por lo que el establecer el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio a nivel federal es un compromiso, una exigencia y un imperativo constitucional que el Poder Judicial de la Federación tiene y va a cumplir.

Por su parte, el gobernador de José Francisco Olvera Ruiz indicó que hoy por hoy el Poder Judicial de la Federación abona enormemente a la paz social que se vive en la mayor parte del país.

En turno el consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza expresó que bajo el nuevo sistema penal la víctima es revalorada después de años de olvido, creándose una protección muy amplia; en tanto que el Ministerio Público tiene el reto de construir científicamente un caso, dejando atrás prácticas lamentables que generalizaban injusticias.

Finalmente, el consejero Pérez agregó "no más abandono de la víctima, no más impunidad, pero también más certeza, que la sociedad merece, de que el imputado sea realmente el que cometió el delito, es decir, el derecho a la verdad".