Resolverá Corte leyes antibronco en estados

MC impugna reformas en Chihuahua y Veracruz. Legislación establece candados a candidatos independientes
En Veracruz se impugna la exigencia de que los aspirantes ciudadanos gocen de “buena fama pública”. En la imagen, Jaime Rodríguez, quien ganó la gubernatura de Nuevo León el pasado 7 de junio mediante candidatura independiente (ARCHIVO. EL UNIVERSAL)
21/07/2015
01:52
Juan Omar Fierro
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Las leyes electorales de Chihuahua y Veracruz que establecen candados para registrar candidatos independientes en los próximos comicios locales fueron impugnadas mediante dos acciones de inconstitucionalidad que el partido Movimiento Ciudadano presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ambas impugnaciones fueron admitidas a trámite por el máximo tribunal, por lo que en un primer acuerdo de la Sección de Controversias de la Corte solicitó a los congresos de Veracruz y Chihuahua que entreguen copia de los decretos combatidos por Movimiento Ciudadano, partido que apoyó la candidatura independiente del gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

En su recurso de inconformidad, Movimiento Ciudadano considera excesivos los candados que se impusieron a las candidaturas independientes, principalmente el artículo que en Chihuahua obliga a un aspirante ciudadano a no tener militancia en ningún partido político por un periodo de hasta tres años previos a los comicios que se van a celebrar el próximo año.

Además, también se prohíbe que puedan postularse como candidatos independientes aquellas personas o ciudadanos que se hayan postulado por un partido político en anteriores comicios locales, restricción que se aplicaría para la gubernatura y para las presidencias municipales.

La reforma electoral aprobada en Chihuahua el pasado 29 de junio también prevé incrementar el número de diputados locales de 33 a 36, por lo que también existe inconformidad del Partido Acción Nacional (PAN) que en los próximos días podría presentar su propia acción de inconstitucionalidad.

En el caso de la legislación veracruzana, se impugna la exigencia de que los candidatos ciudadanos gocen de “buena fama pública”, requisito que además de no estar previsto en la Carta Magna, queda a criterio de los consejeros del organismo electoral estatal.

Con la impugnación a las leyes electorales de Veracruz y Chihuahua, ya son cuatro entidades en las que se cuestionan las llamadas leyes antibronco por las restricciones a candidaturas independientes.

El representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE) explicó que en Veracruz también se pretende que el Congreso local designe al Secretario Ejecutivo del organismo electoral estatal, lo que contraviene la reforma electoral aprobada por el Congreso y, por lo tanto, transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Previamente, se habían promovido seis acciones de inconstitucionalidad en contra de los códigos electorales de Baja California y Tamaulipas por parte del PAN, Morena y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En Baja California, uno de los candados que se les imponen a los candidatos independientes es que sólo se les otorgaría el registro si consiguen 2% de las personas inscritas en el padrón electoral del estado, es decir, se les exige contar con el mismo porcentaje del padrón nominal que se les pide a los partidos para no perder su registro.

En Tamaulipas, la reforma electoral impuso a los aspirantes a una candidatura independiente el requisito de juntar firmas de hasta 3% de los electores registrados en el padrón nominal, cifra que es incluso más alta de lo que se exige a nivel federal para los aspirantes sin partido político.

Con una votación superior a 50% de los votos emitidos, Rodríguez Calderón, El Bronco, se convirtió en el primer candidato independiente que triunfa en unas elecciones para gobernador, superando a sus rivales del PRI, PAN, PRD y Morena en los comicios del pasado mes de junio.

Una vez que las acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas a trámite por la Suprema Corte, ambos recursos legales serán turnados a un ministro que revisará si cumple con todos los requisitos para ser procedente.

En caso de que se confirme la procedencia, el propio ministro ponente deberá analizar el fondo del asunto y elaborar un proyecto de resolución que debe ser votado en el pleno.

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