Seguridad no es tema de Fuerzas Armadas

La Ley de Seguridad Interior no debe ser una normativa que regule sólo a las Fuerzas Armadas, porque se debe respetar el principio de gradualidad, y no es una ley que busque la militarización del país, advirtió Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
30/03/2017
02:07
Astrid Sánchez
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La Ley de Seguridad Interior no debe ser una normativa que regule sólo a las Fuerzas Armadas, porque se debe respetar el principio de gradualidad, y no es una ley que busque la militarización del país, advirtió Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el Debate por la Seguridad Pública: Seguridad Interior y Reforma Policial, organizado por la asociación Causa en Común, el general expuso que es un error considerar que la Ley de Seguridad Interior es un marco jurídico para las Fuerzas Armadas porque éstas deben ser el último recurso cuando se deba atender una amenaza que requiera uso de la fuerza.

“Lo que nosotros consideramos es que la seguridad interior no es un asunto de las Fuerzas Armadas; no estamos pidiendo una ley para éstas, es una Ley de Seguridad Interior, que es una institución a cargo del Estado mexicano para preservar su seguridad como Estado social y democrático”, subrayó.

Ramos Flores destacó que “el uso de la fuerza tiene que atender a los estándares no solamente nacionales sino internacionales; por cierto que los nacionales no existen, lo más cercano que tenemos es un manual del uso de la fuerza que tuvimos que desarrollar con las Fuerzas Armadas para darle a nuestro personal un poco de certeza, un poco de orientación para atender este problema”, dijo, e insistió en que se regule en la materia.

Dijo que esta ley no debe verse como una militarización, sino como una regulación de cómo, cuándo y para qué utilizar las Fuerzas Armadas.

En el debate, en el que participaron especialistas y funcionarios, se reiteró la necesidad de regular el uso de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de los cuerpos policiales.

Especialistas coincidieron en que es fundamental que las entidades se comprometan a capacitar y profesionalizar sus policías antes de retirar a los militares de las calles; la reforma policial antes de la Ley de Seguridad Interior, defendieron.

Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad y colaborador de EL UNIVERSAL, expresó que la reforma policial no puede seguir siendo inaplazable porque es un problema sistémico en el que los elementos policiales están mal pagados, mal capacitados, mal equipados y mal controlados.

“No tenemos policías que puedan responder a los niveles de violencia que hay en el país”, afirmó.

Catalina Pérez Correa, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que a partir de la salida de las Fuerzas Armadas a las calles “los gobiernos locales dejaron desatendidos los problemas de seguridad pública”.

Alertó sobre la intención de privilegiar la inteligencia militar sobre la civil y la omisión de mecanismos de supervisión y evaluación.

Jorge Javier Romero, profesor e investigador de la UAM-Xochimilco, criticó que la estrategia de mantener a los militares fuera de los cuarteles ha sido fallida durante 10 años y antes de ella el método también era el equivocado.

“El Estado mexicano ha fracasado en la reducción de la violencia en los últimos 10 años. Un Estado que además durante toda la época clásica del régimen del PRI basó su reducción de la violencia en la negociación de la desobediencia de las leyes y en la venta de protecciones particulares”, aseveró.

Rubén Francisco Pérez, coordinador de Seguimientos de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), comentó que el problema de la capacitación policial es fundamental y que los recursos públicos se deberían enfocar a los resultados.

Habló también sobre la importancia de la prevención y la persecución de actividades ilícitas con pleno respeto a los derechos humanos.

En el foro de debate participaron además Martha Tamayo, diputada federal; Roberto Gil, senador de la República, y María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.

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