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El académico de la UNAM y experto en temas de transparencia, Jorge Islas López consideró que la nueva facultad de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) como segunda instancia de revisión y de atracción de casos resueltos por los órganos locales representa una medida innovadora que dará certeza jurídica a los ciudadanos.
Al participar en la Semana Nacional de la Transparencia, organizada por el INAI en la antigua casona de Xicoténcatl, Islas López dijo que contrario a lo que muchas voces afirman que este mecanismo vulnera a los órganos garantes locales, éstos fortalecerán su autonomía.
“Este es un incentivo que invita a que los órganos locales tengan los mejores elementos para definir con mayor contundencia en primera instancia”, expresó.
Islas, integrante del Grupo Oaxaca precursor de las leyes de transparencia en México, recordó que antes de la reforma constitucional muchos de los órganos de transparencia locales no contaban con autonomía, pero sobre todo, tenían debilidades institucionales que afectaba el derecho de acceso de los ciudadanos.
“El incentivo esta dado para que esta facultad de atracción opere como una excepción, por su interés y relevancia, eso puede generar una nueva forma de interpretar los alcances de un tema que no haya resuelto el INAI”, dijo.
Islas López planteó que la facultad de atracción del INAI debe tener criterios claros para poder justificar en qué casos será válido atraer un recurso de revisión local, por ello propuso que se incluya como criterio lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre interés y asuntos de trascendencia, pero sobre todo por su carácter de excepcionalidad.
En su oportunidad, el comisionado del INAI Oscar Guerra Ford dijo que la definición de esos criterios será uno de los retos en los que el Instituto y los órganos garantes locales tendrán que trabajar en los próximos meses.
Expresó que el objetivo es mejorar las funciones de todos los órganos garantes, incluido el nacional, por medio de adoptar los mejores criterios para resolver los recursos de revisión que presenten los ciudadanos.
Recordó que en 2014 se registraron 14 mil 500 recursos de revisión en las 32 entidades incluyendo el Distrito Federal y que el índice de recurrencia es de 3.6% por cada 100 solicitudes de información, aunque una vez que entre en vigor la Ley, esto puede incrementarse por la relevancia que toma el tema y por el incremento de 264 a 800 nuevos sujetos obligados.
“El objetivo es que no haya discrecionalidad a la hora de resolver o a la hora de atraer”, dijo Guerra Ford.
