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El asesinato de los activistas de la Unión Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez —ocurrido el 31 de mayo de 2013—, que ordenó el ex alcalde José Luis Abarca, y la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa tienen una conexión.

Se trata del mismo modus operandi empleado por la organización Guerreros Unidos y el ex edil de Iguala para la comisión de diversos delitos.

De acuerdo con el expediente de las indagatorias de la Fiscalía General de Guerrero, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, en el asesinato de los líderes de la Unión Popular estuvieron involucrados “vehículos oficiales”, los cuales pertenecían a corporaciones policiacas y que fueron puestos al servicio de los Guerreros Unidos.

Según la averiguación previa HID/SC/01/0758/2013, que se abrió por la desaparición y asesinato de los líderes sociales de Iguala, los responsables “contaron con armas largas y cortas, con las cuales sometieron a sus víctimas para trasladarlas a un paraje, propiedad de Hernández Cardona”.

Para encubrir el delito y desviar las investigaciones, señala la indagatoria, los Guerreros Unidos “tiraron” a las víctimas en un predio que está a la salida del puente de Mezcala —carretera Chilpancingo-Iguala—, lugar controlado por el grupo delictivo Los Rojos, donde dejaron un mensaje en el que incriminaban a esa organización.

El crimen contra los activistas es la punta del iceberg en la investigación contra José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes presuntamente dieron la orden de desaparecer y asesinar a los 43 normalistas en septiembre de 2014.

“En el homicidio de Hernández Cardona, Bandera Román y Román Ramírez, el motivo de privarlos de la vida lo constituyó el no permitir que su organización social tuviera el control del municipio.

“El entonces edil de Iguala y su esposa utilizaron para sus propósitos a la organización Guerreros Unidos, a fin de secuestrar y privar de la vida a sus adversarios... destacando que el mismo modus operandi se aplicó al desaparecer a las ahora víctimas estudiantiles”, apunta el expediente.

No obstante, el caso del asesinato de los activistas de la Unión Popular de Iguala fue archivado, por tratarse de un caso de secuestro agravado, de exclusiva competencia federal y por la intervención del Ministerio Público federal en la indagatoria, por la posible comisión de delitos relacionados con la delincuencia organizada.

El 31 de mayo de 2013, Hernández Cardona, Bandera Román y Román Ramírez, y cinco líderes más de la Unión Popular de Iguala, protestaron en la caseta de cobro de Iguala-Tuxpan. Antes encabezaron una protesta en demanda de la entrega de fertilizante para los campesinos de esa organización y la realización de obras públicas.

Pero nunca regresaron a sus hogares, porque fueron levantados por un grupo de personas armadas.

Esa noche, la del 31 de mayo, Hernández Cardona habría sido asesinado por el ex edil José Luis Abarca, quien le disparó en la cabeza y en el pecho con una escopeta.

Tras cometer el crimen, el perredista bebió cerveza en compañía del secretario de Seguridad Pública local, Felipe Flores, quien trabaja, supuestamente, para Guerreros Unidos y está prófugo de la justicia.

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