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A nueve meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acudió a las instalaciones de la policía municipal de Iguala como parte de sus investigaciones para evaluar la actuación del Estado mexicano.
Apoyados por la Procuraduría General de la República (PGR), los expertos llegaron desde temprana hora para inspeccionar las instalaciones de la policía que ha sido señalada como partícipe en la desaparición de los normalistas
Tras los hechos ocurridos entre los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde los normalistas habrían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, los expertos de la CIDH continúan recabando información.
Alrededor de las 9 de la mañana, el personal de la PGR y agentes del Ministerio Público de la Federación llegaron a la comandancia junto con el GIEI; tras la inspección en las instalaciones, la Procuraduría colocó de nuevo los sellos de aseguramiento bajo el número A-003022.
Mientras los expertos de la CIDH realizaban su inspección , el perímetro fue resguardado por agentes federales.
Los informes del GIEI refieren que la noche del 26 de septiembre las autoridades de Iguala sabían desde el principio que quienes habían llegado eran estudiantes de Ayotzinapa para iniciar “acciones de boteo y toma de autobuses”.
Los especialistas sostienen que existen los elementos suficientes para que el caso de los 43 normalistas desaparecidos sea tratado como un crimen de lesa humanidad, por lo que han pedido a los jueces que reclasifiquen los delitos de delincuencia organizada y homicidio por desaparición forzada.
