Procuradores se solidarizan con fiscal venezolana

Doce fiscales de países iberoamericanos rechazaron “los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria” en contra de la fiscal Luisa Ortega realizados por el régimen chavista
Foto: EFE
13/06/2017
19:45
José Meléndez / corresponsal
San José
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Los procuradores generales, fiscales generales y jerarcas de los ministerios públicos de 12 países iberoamericanos expresaron su respaldo a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, frente al asedio del régimen chavista de Venezuela, y rechazaron “los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria” en contra de esa funcionaria judicial venezolana.

El texto fue firmado por Alejandra Gils Carbó, procuradora general de Argentina; Rodrigo Janot Monteiro de Barros, procurador general de Brasil, Jorge Abbot Charme, fiscal nacional de Chile; Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de Colombia; Jorge Chavarría Guzmán, fiscal general de Costa Rica; Douglas Meléndez, fiscal general de El Salvador; José Manuel Maza, fiscal general del Estado de España, Thelma Aldana Hernández, fiscal general de Guatemala, Kenia I. Porcell Díaz, procuradora general de Panamá; Javier Díaz Verón, fiscal general de Paraguay; Joana Marques Vidal, procuradora general de Portugal; y Jorge Díaz Almeida, fiscal de Corte y procurador general de Uruguay.

Los funcionarios difundieron su declaración hoy en esta capital.

La fiscal Ortega es señalada por parte del gobierno venezolano por denunciar en los últimos días que los actos del presidente, Nicolás Maduro, como convocar a una Asamblea Constituyente, restringir o cortar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, por estar controlada por la oposición, son una grave alteración del ordenamiento jurídico de ese país.

Entre otras medidas, Ortega pidió enjuiciar a ocho jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

En respuesta, el régimen venezolano rechazó los recursos legales, y lanzó un fuerte ataque en contra de Ortega y amenazó con su remoción.

La fiscal tiene un origen político chavista, por lo que sus cuestionamientos significan una ruptura en las fuerzas que desde 1999, con el ascenso de Hugo Chávez (fallecido en 2013), comenzaron a controlar los poderes en esa nación que vive jornadas de protestas.

En el documento, los 12 fiscales “manifiestan su profunda preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra de la labor del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, el cual, en uso de sus facultades constitucionales y legales, se encuentra investigando los distintos hechos constitutivos de delito, suscitados durante los meses de abril, mayo y junio de 2017 en dicho país”.

Asimismo, reafirmaron “nuestra convicción sobre el rol que deben cumplir los Ministerios Públicos para garantizar el Estado de Derecho, especialmente en momentos de convulsión social que ameritan la actuación de sus instituciones de justicia de forma oportuna, independiente y transparente para esclarecer todos los hechos que vulneren o pongan en riesgo bienes jurídicos superiores, como son la vida e integridad personal”.

“Consideramos, de esta manera, fundamental que se resguarde el rol constitucional del Ministerio Público venezolano y de todos los Ministerios Públicos en la administración de justicia, especialmente en relación a la salvaguarda de los derechos y garantías del debido proceso, así como su independencia y autonomía”, advirtieron.

En ese sentido, prosiguieron, “resulta imprescindible mantener irrestrictamente la titularidad del ejercicio de la acción penal en los Ministerios Públicos, como núcleo del sistema penal acusatorio adoptado tanto en Venezuela como en la mayor parte de los países iberoamericanos, cuyo modelo fortalece la vigencia del Estado de Derecho y el debido proceso”.

Alertaron: “Rechazamos de esta forma cualquier pretensión de llevar adelante reformas legales, que impidan de cualquier modo al Ministerio Público ser autónomo e independiente, y que por ende busquen afectar las investigaciones en curso”.

Los fiscales rechazaron los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, expresaron su solidaridad con la actuación de la fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, que, dijeron, se empeñada en el resguardo de la constitucionalidad y la legalidad de su país.

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