Amnistía Internacional (AI) denunció un amplio menú de violaciones del gobierno de Venezuela a los derechos humanos, en un país sacudido por una de las más graves crisis políticas, económicas y sociales de su historia.

En un informe que emitió a finales de abril pasado, la organización mundial de defensa de los derechos humanos denunció que el régimen chavista ejecutó “detenciones arbitrarias” por motivos políticos, entorpeció la libertad de expresión, de asociación y de participación ciudadana, y afectó los derechos a la libertad, a la integridad personal, al debido proceso y a la “no discriminación”.

“En un contexto de profunda polarización política y de un marcado deterioro social en los últimos años, Amnistía Internacional ha constatado la existencia de medidas arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y del sistema de justicia venezolano”, sentenció el informe, del que EL UNIVERSAL tiene copia.

El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, mantiene silencio acerca de las acusaciones de AI, una de las más prestigiosas organizaciones mundiales no estatales de vigilancia global de los derechos humanos.

Al ratificar la concesión de la categoría de presos de conciencia a los opositores venezolanos Leopoldo López y Rosmit Mantilla, AI reiteró su “preocupación por el incremento en la investigación y procesamiento de actores políticos y no políticos disidentes del gobierno actual”.

“En simultáneo, en los últimos años han aumentado las denuncias de detenciones practicadas en manifestaciones pacíficas, tras acusaciones públicas en medios de comunicación, o incluso ante protestas espontáneas por la falta de comida y medicinas”, puntualizó.

Las denuncias, aseguró, incluyen “detenciones sin órdenes judiciales” por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que es la policía política del chavismo, “el procesamiento por delitos ‘contra la patria’, de ‘terrorismo’ o incluso imputación de delitos de carácter militar contra civiles”, con medidas de prisión preventiva “sin justificación o desproporcionadas” y con desacato de las órdenes de liberación.

AI “considera que estos mecanismos de detenciones arbitrarias se usan de forma constante para acallar a la disidencia política, y que la existencia de prácticas de detenciones arbitrarias propicia la comisión de otras violaciones graves a los derechos humanos, como lo son la tortura y los malos tratos e incluso, las desapariciones forzadas de personas”, advirtió.

Entre sus conclusiones, alertó que “la generalizada falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela y la injerencia frecuente del Poder Ejecutivo y de sus dependencias en su labor, en un contexto de profunda polarización política, ha dado paso al uso abusivo y arbitrario del derecho penal como mecanismo para detener y procesar apersonas que tienen opiniones críticas a las políticas adoptadas por el gobierno venezolano”.

AI constató “fehacientemente la existencia de múltiples formas de arbitrariedades en el proceso de detención y procesamiento de personas disidentes, que violan los derechos de debido proceso, libertad e integridad personal. También ha corroborado la existencia de indicadores que señalan la motivación política detrás de estas violaciones. Ello afecta de manera directa el derecho a la no discriminación, el derecho a manifestarse públicamente, como así también la libertad de expresión, asociación y reunión, que son obligaciones del Estado venezolano de acuerdo a mandatos internacionales”.

Los chavistas, que se instalaron en el poder en 1999 con una revolución socialistas con el ascenso a la presidencia, por vía electoral, de Hugo Chávez (fallecido en 2013), y la oposición antichavista protagonizan un intenso enfrentamiento ideológico.

El choque es atizado por las denuncias oficialistas de que sufre una guerra económica alentada por el “imperio” del gobierno de Estados Unidos aliados de las fuerzas opositoras, mientras que el antichavismo culpa al chavismo de impulsar un sistema socialista de gobierno que fracasó y colocó al pueblo venezolano en un acelerado deterioro social y empobrecimiento, con una aguda escasez de bienes básicos, como alimentos y medicinas.

cg

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