Inhabilitación de Capriles aglutina a la oposición

Contraloría venezolana le impide ejercer cargos públicos por 15 años. Está acusado de “responsabilidad administrativa” en supuestos actos ilegales
El gobernador de Miranda y opositor Henrique Capriles, durante la conferencia que dio ayer en Caracas, acompañado de otros líderes, como Corina Machado (der.) (FEDERICO PARRA. AFP)
08/04/2017
01:55
José Meléndez / corresponsal
Venezuela
Con información de DPA
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Henrique Capriles Radonski, una de las principales figuras de la oposición de Venezuela y uno de los líderes de las masivas protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, volvió a aglutinar al antichavismo tras revelar ayer que el régimen venezolano lo castigó al imponerle una inhabilitación de participación política electoral y en cargos públicos por 15 años, por supuestas irregularidades administrativas como gobernador del estado de Miranda.

Capriles, gobernador de Miranda (conurbado con Caracas), anunció que la Contraloría General de Venezuela —dominada por el oficialismo— ordenó inhabilitarlo de participar en política y ejercer cargos públicos. La decisión del ente contralor agrava la crisis generalizada que sacude a ese país y es una nueva maniobra chavista contra la oposición, alcanza a otros ocho funcionarios de Miranda.

Capriles, de 44 años, gobernador de Miranda desde noviembre de 2008 y candidato presidencial en 2012 y 2013 por la antichavista Mesa de la Unidad Democrática (MUD), rechazó la sanción. La Contraloría también multó con unos 10 dólares a Capriles por supuesto manejo irregular del presupuesto de Miranda.

Vía Twitter, Capriles denunció a los venezolanos y a la comunidad internacional la inhabilitación y dijo que “Todo forma parte del paquete del autogolpe”. Se desconoce si el fallo es de aplicación inmediata o si lo obliga a dejar el puesto de gobernador, pero el opositor aseguró que “el único inhabilitado en este país eres tu @nicolasmaduro ¡Tú y la narco corrupta cúpula que te acompaña!”, acusó. “A mis queridos y respetados compañeros de trabajo, sigo acá y siendo su gobernador, llegamos con el voto del pueblo y sólo el pueblo decide”, proclamó.

Después, ante simpatizantes, anunció que recorrerá “hasta el último pueblo de Venezuela para organizar el fin de la dictadura de Nicolás Maduro”. Señaló que para nadie es un secreto que aspira a ser presidente, pero dijo que más allá de sus aspiraciones “se trata de lo que quiere el pueblo”.

Según la resolución de la Contraloría que difundió Capriles, se le declaró “responsabilidad administrativa” luego de haber celebrado tres convenios con las embajadas de Polonia y el Reino Unido, que el gobernador registró como donaciones. Asimismo, lo señaló de “haber actuado de manera negligente” al no presentar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2013 y cuestionó dos contrataciones en las que omitió, de acuerdo con ese organismo, el procedimiento legal de licitaciones.

En su cuenta en Twitter, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, advirtió que “el único que inhabilita es el pueblo y por elecciones”. Almagro, quien desde 2016 acusa al chavismo de aplastar la institucionalidad democrática de Venezuela, aseguró que la pena a Capriles es una “medida típica” de una “dictadura que viola los derechos civiles y políticos”.

En una declaración escrita que envió a EL UNIVERSAL, el chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, organización con sede en Washington que monitorea la situación mundial de derechos humanos, afirmó que el gobierno de Maduro “ha usado sucias trampas para sacar del juego democrático uno a uno a todos sus adversarios políticos. Varios fueron condenados penalmente sin evidencias, como [el ahora prisionero] Leopoldo López, y otros, como Henrique Capriles, han sido inhabilitados arbitrariamente para participar en política”, añadió.

“Si aún queda alguna persona que cree en la fachada de democracia de Maduro, la inhabilitación de Capriles debería desmoronar esa fantasía. Venezuela sufre una dictadura con todas sus letras y la necesidad de una acción multilateral firme y decisiva para proteger a los venezolanos es cada día más urgente”, recalcó.

El gobierno seguía sin pronunciarse ayer sobre este caso contra un político que en 2016 participó intensamente en las gestiones para convocar a un referéndum revocatorio de Maduro, en un trámite que el chavismo logró bloquear.

La decisión de la Contraloría llevó a la oposición venezolana a aglutinarse en torno a Capriles. “Henrique, toda mi solidaridad. Derrotemos unidos y ahora la dictadura para que todos los venezolanos recuperemos nuestros derechos”, escribió en Twitter la opositora venezolana María Corina Machado, una de las principales figuras del antichavismo y dirigente de Vente Venezuela, una de las agrupaciones incorporadas a la MUD.

En esa red se registraron ayer numerosas reacciones de respaldo a Capriles de diputados y demás opositores. “Inmoral inhabilitación”, lanzó el venezolano Carlos Vecchio, del opositor partido Voluntad Popular, cuyo líder es López. “Dictadura quiere construir su propia oposición. Llamado a elecciones es sin presos ni inhabilitados”, insistió.

Otros opositores han sido inhabilitados por la Contraloría. López recibió en 2004 una sanción similar por 10 años y recientemente un ex alcalde a 15 años.

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