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La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, duplicó el número de inmigrantes indocumentados arrestados, pese a no tener récord criminal, en las primeras semanas de su administración, en comparación con las cifras del gobierno del presidente Barack Obama.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo a 5 mil 411 inmigrantes que carecían de antecedentes criminales del 20 de enero al 20 de marzo, más del doble que los capturados por su antecesor durante el mismo lapso, de acuerdo con cifras obtenidas por el diario The Washington Post.
En total, el número de inmigrantes indocumentados arrestados fue de 21 mil 735 personas, comparado con 16 mil 535 en el mismo periodo de la administración Obama, en 2016, o con los 18 mil 31,en 2015.
Sin embargo, la cifra es menor al récord de 29 mil 238 arrestos de la era Obama en 2014. En ese caso, la mayoría de las detenciones corresponde a inmigrantes indocumentados que han sido convictos de un crimen.
En contraste, las deportaciones de inmigrantes indocumentados experimentaron una reducción de 1.2% en el primer trimestre de 2017, si se compara con los primeros tres meses del último año completo de la presidencia de Obama, según las cifras.
El mayor número de arrestos se registró en las oficinas del ICE en Dallas, Oklahoma, Atlanta y Houston.
Alista decreto proteccionista. El presidente Trump firma hoy una orden ejecutiva que continúa su línea proteccionista hacia los trabajadores y productos estadounidenses.
La orden ejecutiva tiene un doble componente. En primer lugar, se va a revisar el sistema de visados para evitar que pueda beneficiar a trabajadores extranjeros en detrimento de los estadounidenses, según explicó un funcionario de la Casa Blanca, quien pidió el anonimato.
Trump instruirá en el decreto a los departamentos de Trabajo, Justicia, Seguridad Nacional y Estado a que “emprendan reformas para asegurar que los visados H-1B [que permite contratar temporalmente a extranjeros] se conceden a los solicitantes más cualificados”.
El segundo componente es el dirigido a promover el uso de productos estadounidenses en los contratos para proyectos financiados por el gobierno federal, según comentó otro funcionario.
