Los representantes de los poderes públicos de Venezuela, reunidos en el Consejo de Defensa por órdenes del presidente Nicolás Maduro, exhortaron esta madrugada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a “revisar” la polémica sentencia del jueves por la cual se arrogó las competencias del Parlamento, al que declaró en desacato.

El anuncio se produjo tras las intensas protestas desatadas por la medida del TSJ, que la oposición tachó de autogolpe de Estado y que llevaron al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a anunciar una reunión extraordinaria este próximo lunes para abordar el caso.

Los representantes de los poderes acordaron, según el texto que difundieron, “exhortar” al TSJ “a revisar las decisiones —por las que decidió asumir las funciones de la Asamblea, cuyos actos invalidó—... con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano”.

Otro punto del acuerdo fue ratificar que el máximo tribunal, en su Sala Constitucional, “es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional”, así como “la resolución de los conflictos entre poderes”. Maduro convocó a la reunión después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz, pieza clave chavista en el aparato judicial, dijera que la medida del TSJ “evidencia violaciones del orden constitucional y de hecho constituye una ruptura del orden constitucional”, lo que mostró una fractura en el chavismo. Tras la reunión del consejo, el mandatario dio por superado el impasse con Ortega.

El jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges, fue invitado, pero decidió no asistir, al acusar que en el país hubo un golpe de Estado, una versión que la Cancillería rechazó ayer, diciendo que la decisión del tribunal fue correctiva, para detener la “desviada y golpista” actuación de diputados opositores.

La reunión de la OEA fue convocada a petición de 20 países miembros, incluyendo México. En la reunión está previsto que se vote una resolución en la que, según el borrador en la web de la organización, los Estados miembros de la OEA señalarían su “preocupación por la grave alteración del orden democrático” en el país sudamericano y “el continuo apoyo al diálogo y a la negociación para llevar a una restauración pacífica del orden democrático”.

Los venezolanos salieron en pequeños grupos a protestar en Caracas y otros estados del país. Para hoy está programada una megamarcha. Los legisladores de la Asamblea desafiaron al tribunal, dijeron que seguirían trabajando y que el martes sesionarían en la calle. Además, demandaron a los siete magistrados del TSJ que avalaron el fallo por el que el tribunal asume las funciones del Legislativo.

El Mercosur —del que Venezuela era miembro de pleno derecho hasta diciembre pasado, cuando fue cesado— convocó para hoy a los cancilleres de los países miembros para analizar las “posibles vías de solución” y reiterar su “apoyo a los principios fundamentales del Estado”. Seis países de la Unión de Naciones Suramericanas —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay— expresaron su condena a la medida del TSJ venezolano.

Entrevistada por El Mercurio, de Chile, la ex diputada opositora María Corina Machado tachó la decisión del TSJ de “golpe de Estado formal, declarado e inequívoco”, y añadió que en Venezuela “llegó la hora de la desobediencia y rebeldía civil”. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos tildó de “inaceptable” lo ocurrido en Venezuela, llamó a consultas a su embajador en Caracas y advirtió de la posibilidad de que se aplique la Carta Democrática de la OEA al régimen de Maduro. Bolivia, en cambio, externó su apoyo al venezolano.

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