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El anuncio del gobierno estadounidense de que analiza la posibilidad de separar a hijos de los padres que sean detenidos al cruzar ilegalmente la frontera sur ha generado indignación entre organizaciones defensoras de inmigrantes y representantes hispanos en el Congreso.
La congresista Michelle Lujan Gri-sham, presidenta del bloque de legisladores latinos demócratas, aseveró en un comunicado que esa posible medida “cuestiona los derechos humanos básicos y la autoridad moral de nuestro país en el mundo.
“Establecer este tipo de política como una medida de disuasión es cruel. Esa política atroz cuestiona derechos humanos básicos y nuestra integridad moral en el mundo”, aseveró.
“Hay procedimientos migratorios mejores y más sensibles para proteger a las familias mientras prosiguen el proceso de solicitud de asilo”, recordó la congresista.
Un total de 142 legisladores demócratas en la Cámara Baja pidieron ayer a John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, que explique personalmente sus políticas migratorias.
“En el poco tiempo transcurrido desde que el presidente Trump asumió el poder, hemos visto una cantidad de medidas alarmantes relacionadas con el cumplimiento de leyes migratorias, refugiados y prohibiciones de viajes y otras áreas de seguridad nacional”, indicaron en la misiva.
Kelly reconoció el lunes que considera la posibilidad de separar a madres e hijos como parte de un esfuerzo por desalentar a las familias de realizar la peligrosa travesía de México hacia territorio de Estados Unidos.
“Sí, lo estamos considerando, con el fin de desalentar más movimiento a lo largo de esta red terriblemente peligrosa”, dijo Kelly.
“Se los entregamos al Departamento de Salud y Servicios Humanos y ellos hacen un muy, muy buen trabajo poniéndolos bajo el cuidado de un centro de acogida temporal o con sus padres o familiares en Estados Unidos”, precisó en una entrevista con la cadena de televisión CNN.
Si finalmente se aplica esta medida, los padres permanecerían detenidos mientras esperan que un tribunal decida si son deportados a sus países de origen o se les concede asilo. Mientras tanto, los niños estarían bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Por su parte, la vicepresidenta del National Council of La Raza, Clarissa Martínez, dijo que la propuesta no tiene sentido debido a los costos que representan las detenciones indefinidas y porque va contra los valores familiares.
Martínez aseguró en conferencia de prensa que el gobierno de Trump enfrentaría demandas legales si llegara a adoptar tal política, pero reconoció que “a la administración poco le importa si las medidas son ilegales. Lo que buscan es causar confusión y miedo para así imponer políticas públicas que nunca habríamos aceptado en otras circunstancias”.
Actualmente, por lo general las familias son detenidas unos cuantos días o semanas en Estados Unidos y luego son liberadas, a la espera de que un juez decida su futuro.
La asesora legislativa de American Civil Liberties Union, Joanne Lin, indicó a AP que “es claro que Kelly sopesa esto porque lo ve como un arma disuasiva, pero si quieres evitar un granero en llamas vas a tener que saltar del granero”.
La vicepresidenta de Leadership Conference on Civil and Human Rights, Ellen Buchman, advirtió que no se quedarán sentados “a ver cómo las comunidades quedan divididas por estas políticas”.
“Separar a niños inocentes de sus padres, después de que han soportado el viaje más peligroso de sus vidas, es simplemente cruel y puede tener impactos a largo plazo, incluso después de la reunificación”, advirtió Roger Rocha, presidente nacional de la organización hispana Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.
Por su parte, Unicef se pronunció sobre el tema y dijo que “separar sistemáticamente a los niños de sus familias en los cruces fonterizos sería cruel y traumático para ellos”.
En lo que va de año fiscal 2017 (desde octubre de 2016) han sido detenidos 52 mil 567 indocumentados que cruzaron la frontera con sus familiares.
