Más Información
El plan del presidente estadounidense Donald Trump de endurecer la aplicación de las leyes inmigratorias podría inundar con más gente un sistema de tribunales de inmigración que ya debe lidiar con una cantidad récord de casos, escasez de jueces y frecuentes averías burocráticas.
El gobierno se ha concentrado en la contratación de agentes para buscar detener gente que se encuentra en el país sin autorización, pero ha dicho poco sobre los tribunales. Incluso antes de que Trump asumiera la presidencia, el sistema de cortes de inmigración del país estaba abrumado por un número récord de casos pendientes, escasez de jueces y frecuentes fallas burocráticas.
El sistema cuenta con 58 tribunales en 27 estados y más de 534 mil casos pendientes. Los no ciudadanos que no están presos generalmente deben esperar dos años para que se resuelvan sus casos, a veces hasta cinco.
Las personas que comparecen ante esas cortes migratorias tienen generalmente derecho a un abogado, pero la corte no está obligada proveer uno gratuitamente, como sucede en las causas penales. Los fallos pueden ser apelados a la Junta de Apelaciones de Inmigración, cuyas decisiones pueden ser apeladas ante una corte federal.
Los activistas temen que el gobierno opte por recurrir más a procedimientos como las expulsiones rápidas —válidas cuando los migrantes llevan menos de 14 días en el país y son detenidos a 160 km de la frontera— para evadir las cortes.
En tanto, el portal Politico adelantó que Trump firmaría este lunes una nueva versión de su decreto migratorio, luego de que la primera fuera suspendida por la justicia tras suscitar polémica.
