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La ley de amnistía aprobada en diciembre en Colombia para los actores del conflicto armado con la guerrilla de las FARC incumple los estándares internacionales y no garantiza los derechos fundamentales de las víctimas, según el informe anual de Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos en el país en 2016.
El Alto Comisionado para la ONU se dijo “sumamente preocupado” porque la ley deja ciertas ambigüedades y vacíos que “pueden favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos”.
La justicia transicional es uno de los puntos más polémicos del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Establece una amnistía generalizada y condenas de hasta ocho años de cárcel para los combatientes que hayan participado en crímenes atroces si admiten su responsabilidad.
Algunos aspectos de la ley “no cumplen con normas internacionales y socavan la centralidad que el gobierno y las FARC-EP habían dado a los derechos de las víctimas”, especificó el organismo en su texto, donde citó casos de miles de agentes del Estado y guerrilleros que llevan más de cinco años presos y que quedarán en libertad condicional sin el seguimiento suficiente.
La ONU también manifestó su incomodidad con el modelo que se utilizará para juzgar la cadena de mando dentro del ejército y la policía.
El organismo dijo estar preocupado por el asesinato de 127 activistas durante 2016 en Colombia, ocurridos principalmente en zonas con presencia histórica de las FARC. “La persistencia de esta violencia pone en riesgo el propósito común d ela paz”, señaló Martín Santiago, coordinador residente de la ONU en Colombia.
