Artur Mas, ex presidente de Cataluña (2010 a 2016), declaró ayer en los tribunales de Barcelona apoyado por miles de manifestantes. El político está acusado de desobediencia por convocar en 2014 a un referéndum sobre la independencia.

Mas se enfrenta en su juicio a un equilibrio complicado. En un proceso que ha generado atención internacional, su objetivo es reivindicarse como líder del nacionalismo y mantener la autoridad para volver a presentarse en unas elecciones autonómicas catalanas que pueden estar cerca, pero al mismo tiempo necesita evitar que el tribunal lo condene por desobediencia a una inhabilitación de 10 años.

El ex presidente declaró junto a dos de sus consejeras, acusado de mantener la convocatoria del referéndum para el 9 de noviembre de 2014 a pesar de que el Tribunal Constitucional lo había prohibido cuatro días antes. La votación, en la que participaron 2.4 millones de catalanes, no tenía ninguna consecuencia legal; por eso a pesar de que ganó el “Sí” a la independencia, no tuvo aplicación práctica.

Mas se declaró ayer “autor intelectual” del referéndum, pero dijo haber estado en una encrucijada: el deber de obedecer al Constitucional y el de escuchar el “mandato parlamentario”, y el “clamor de la calle”, que le pedía la votación. Además, dijo que en ese momento desconocía cuáles serían las consecuencias penales de mantener el referéndum. “Si tan evidente era que es un delito, ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?”, respondió a preguntas de su abogado; se negó a contestar a la fiscalía.

Mas aseguró que fue “el máximo responsable de la idea” pero que la consulta no fue “directamente organizada” por la administración, y que ésta se limitó a prestar “apoyo” a los 40 mil voluntarios, auténticos ejecutores de la jornada.

El actual presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, estuvo a la cabeza de los miles de manifestantes que apoyaron a Artur Mas. Puigdemont ya ha anunciado que este año quiere convocar un nuevo referéndum sobre la independencia, e insiste en que el resultado lo debe reconocer el gobierno.

Todos los partidos nacionalistas catalanes respaldaron ayer a Mas. También los de la izquierda no nacionalista, que reconocen el derecho de los catalanes a decidir si quieren seguir unidos al resto de España, como Podemos.

Los ministros del gobierno conservador del Partido Popular fueron quienes se mostraron ayer más críticos con Mas. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, condenó que las fuerzas nacionalistas convocaran una manifestación para presionar a los jueces. “Movilizar a los ciudadanos para que te acompañen al tribunal tiene un fin espurio”, dijo. “Si han organizado este numerito es porque quieren transmitir a la ciudadanía que se trata de un juicio político. Pero no lo es”.

Políticos reconocidos por su moderación, como Aitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, lamentaron que “no da una imagen de un Estado democrático moderno y europeo” juzgar a personas que sólo han hecho “una consulta no vinculante” exigida por “una mayoría en el parlamento catalán y también por la ciudadanía”. Según declaró Esteban en Onda Vasca, una consulta en las urnas por mandato popular y sin consecuencias legales “no debe ser sancionada en ningún Estado democrático”.

El juicio de Mas durará hasta el jueves. Numerosos testigos declararán sobre la responsabilidad del ex presidente y las razones por las que no canceló la consulta.

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