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Las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre control fronterizo y vigilancia interna pueden agravar la situación ya precaria de miles de niños centroamericanos que huyeron de la violencia y las penurias en El Salvador, Guatemala y Honduras.
“La expansión masiva de las medidas de control dispuestas en las órdenes ejecutivas puede promover la detención y la expulsión de niños, especialmente los que no tienen familia ni tutores en Estados Unidos”, dijo Jeanne Atkinson, directora de la Red de Servicios Católicos Legales de Inmigración (CLINIC).
En 2016, cerca de 100 mil niños salieron de los países del Triángulo Norte de Centroamérica para emprender el peligroso viaje a EU; según cifras de detenciones, el número podría superar los 150 mil en 2017.
“Los niños huyen de condiciones que los estadounidenses no podemos ni imaginar”, dijo el nuevo secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ante el Atlantic Council en 2015, cuando era comandante del Comando Sur.
Según cifras oficiales, cerca de la mitad de estos niños hacen el viaje solos, muchos guiados por coyotes y expuestos a la inseguridad. Las autoridades mexicanas devolvieron a más de 30 mil niños al Triángulo Norte en 2016 y tuvieron que rescatar a cerca de 5 mil migrantes en situaciones peligrosas.
“Si tengo que elegir entre que muera a tiros a la puerta de mi casa en El Salvador o el peligro del viaje, prefiero que corra el riesgo”, dijo la madre de un adolescente que llegó a EU huyendo de las amenazas de las pandillas.
En 2015, el gobierno de Barack Obama creó el programa de Menores Centroamericanos (CAM) para evitar el riesgo del viaje y “ayudar a los niños vulnerables de América Central que califican como refugiados”.
A través del CAM, padres en situación legal en Estados Unidos han solicitado la entrada de más de 10 mil hijos y sus tutores en situación de peligro en Centroamérica.
El CAM, considerado “una capitulación a la ilegalidad” por el nuevo secretario de Justicia, Jeff Sessions, fue paralizado por la orden ejecutiva sobre refugiados, hasta que un juez federal suspendió el decreto.
Sin embargo, el CAM beneficia sólo a una pequeña parte de los afectados. En octubre y noviembre de 2016, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a cerca de 14 mil niños no acompañados del Triángulo Norte.
El CBP traslada a 99% de los niños no acompañados que llegan a la frontera a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que los reunifica en su mayoría con sus familiares en EU.
“El cambio de la política del gobierno de Trump establece la detención obligatoria de los que solicitan asilo”, dijo David Ray, director de comunicación de la organización FAIR, que defiende la reducción de los niveles de inmigración y asesora a la administración actual.
A finales de enero, los tribunales de inmigración acumulaban casi medio millón de casos, más de la mitad de inmigrantes del Triángulo Norte con órdenes de deportación. Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), en agosto de 2016 había más de 45 mil casos pendientes de niños no acompañados.
Las intenciones del gobierno de Trump afectan a los hijos de los más de 260 mil hondureños y salvadoreños que gozan de protección temporal (TPS), vigente hasta 2018, cuya renovación está en manos de Sessions y Kelly.
