El gobierno de Venezuela detuvo al diputado opositor Gilber Caro, a quien se le incautó un fusil y explosivos, informó ayer el vicepresidente, Tareck El Aisammi, quien dijo que se trató de una de las primeras acciones del llamado comando antigolpe.

El Aissami dijo que Caro, dirigente del partido Voluntad Popular (VP) del encarcelado líder Leopoldo López, fue detenido en la región central de Carabobo por agentes de inteligencia que incautaron las armas y planes para supuestos atentados.

El vicepresidente informó que Caro enfrenta los cargos de presunta conspiración, posesión de arma de fuego y reuniones “irregulares” fuera del territorio. La detención fue denunciada por la bancada opositora de la Asamblea Nacional, que recordó que los diputados tienen una inmunidad que debe ser respetada por las autoridades.

El Aissami acusó al diputado de militar en una organización “violenta”, “terrorista” y “al margen de la Constitución” en alusión al partido VP que, a su juicio, “se ha dedicado a cultivar de violencia y de actos terroristas las calles de Venezuela” para dañar la paz y estabilidad del país.

El Aissami fue encargado por el presidente Nicolás Maduro del llamado comando antigolpe, que es dirigido por jefes militares, policiales y de inteligencia. El mandatario acusó el martes a la mayoría opositora en la Asamblea Nacional de haber echado a andar una conspiración contra el gobierno, al declarar en abandono el cargo presidencial por parte de Maduro.

El jefe de Estado presentará este domingo su informe de gestión 2016 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debido al desacato del que acusa a la Asamblea, informó ayer su partido, en un acto inédito en la historia política del país.

El TSJ declaró la nulidad de todos los actos de la Asamblea —incluyendo la declaración de abandono del cargo contra Maduro— por desacatar “varias sentencias” de las salas Constitucional y Electoral desde el pasado 5 de enero, cuando inició el periodo legislativo 2017. “Se configura la omisión inconstitucional de la Asamblea”, señaló el Supremo.

En tanto, el líder opositor Hen-
rique Capriles denunció que en la Contraloría General le “cocinaron” un expediente que busca inhabilitarlo para postularse a otros cargos públicos.

Detalló que se trata de un procedimiento en su contra por supuesto uso irregular de determinadas partidas durante su gestión como gobernador del estado de Miranda, por lo que fue citado esta semana.

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