El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha optado por el exgobernador de Texas y antiguo aspirante a la Casa Blanca, Rick Perry, como su nuevo secretario de Energía, informaron hoy los medios locales NBC y CBS.

Perry, de 66 años, se presentó a las recientes primarias republicanas e hizo de la crítica a Trump, al que llegó a comparar con un "cáncer para el conservadurismo", su bandera de campaña.

Tras retirarse prematuramente de la contienda por las malas perspectivas en las encuestas, Perry ofreció su apoyo al senador Ted Cruz, aunque finalmente, cuando la victoria de Trump era inevitable, optó por el empresario neoyorquino.

Veterano de la Fuerza Aérea y gobernador de Texas durante algo más de 14 años (2000-2015), Perry también participó en las primarias republicanas de 2012, de las que salió escaldado tras un sonado fiasco.

La campaña de Perry se fue a pique durante un debate con otros precandidatos republicanos en Michigan, cuando no fue capaz de nombrar uno de los tres departamentos que pretendía eliminar de ser elegido presidente.

Irónicamente, del que se olvidó fue el Departamento de Energía, del que será secretario a partir del próximo 20 de enero.

Perry mantuvo este lunes un encuentro de unos 90 minutos con el presidente electo en la Torre Trump de Nueva York.

Contrario al intervencionismo estatal, Perry convirtió Texas en los últimos años en un contrapoder frente a Washington, enfrentado constantemente a las iniciativas del presidente, Barack Obama, y con una postura cambiante en inmigración en un estado con un 40 % de población hispana.

Si en 2001 apoyó la "Texas Dream Act", una ley que permite a indocumentados el acceso a la Universidad en condiciones ventajosas, antes de dejar el cargo militarizó la frontera con México en una de las mayores crisis migratorias de los últimos años.

Perry también fue artífice del llamado "milagro texano": regada por los altos precios del petróleo, la economía del estado de la estrella solitaria despuntó en creación de empleo y atracción de empresas mediante estímulos fiscales durante su gobierno.

Su gestión, sin embargo, quedó manchada por un proceso abierto en su contra por abuso de poder y coacciones por haber amenazado a una fiscal demócrata, que había sido sorprendida ebria al volante, con retirar una partida económica para su oficina si no renunciaba al puesto, unos cargos ya archivados.

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