La Paz.— El conflicto minero que vive Bolivia sumó ayer dos muertos más, uno de ellos el viceministro boliviano de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, quien había sido tomado como rehén por los manifestantes.

Los mineros bloquean las carreteras del centro y oeste de Bolivia desde hace tres días para rechazar una ley promulgada por el presidente Evo Morales que permite la creación de sindicatos en las cooperativas.

En las primeras dos jornadas de protesta se registraron enfrentamientos con la policía que dejaron un saldo de dos mineros muertos.

Ayer se reportó la muerte de un tercer minero, identificado como Rubén Aparaya Pillco, de 26 años, informó uno de los dirigentes de la Cooperativa San Pedro, del distrito minero de Viloco (oeste). Precisó que su compañero perdió la vida por heridas de bala durante los choques con los policías que intentaban desbloquear una carretera.

El líder de la cooperativa, que no fue identificado, dijo entre sollozos que el fallecido es Rubén Aparaya Pillco.

Los enfrentamientos se produjeron en la zona de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz, hasta donde llegó el viceministro Illanes, de 56 años, y su escolta para tratar de concertar una reunión con los manifestantes y discutir sobre sus demandas. Sin embargo, los mineros lo tomaron como rehén.

Por la noche, medios locales indicaron que el funcionario había muerto. Las autoridades investigan los hechos. “Los mineros estaban furiosos velando a su tercer muerto. Luego pudimos ver de cerca al viceministro Illanes, estaba fallecido. Él ya estaba fallecido por golpes [recibidos]. Tenía un poco de sangre por la nariz”, relató Moisés Flores, director de radio Fedecomin, a la emisora católica Erbol.

Agregó que “el viceministro Illanes estaba en un cerro, cerca a una torre de energía eléctrica. Allí lo tuvieron desde la mañana. Lo encontramos fallecido unos 50 metros más abajo. Llegué camuflado porque [los mineros] no quieren ver a periodistas”, precisó Flores. El gobierno de Evo Morales había confirmado poco antes el secuestro de Illanes, a quien amenazaron con torturar.

Los mineros artesanales o independientes, que suman unos 100 mil y trabajan en cooperativas que ellos mismos administran, exigen que el gobierno les permita asociarse con capitales privados, algo prohibido por la ley. También se oponen a la creación de sindicatos, reclaman subvenciones en las tarifas eléctricas y la concesión de nuevos yacimientos para hacer frente a la crisis minera por la caída internacional de los precios de los metales.

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