Estados Unidos impuso por primera vez sanciones al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y castigó a otros diez funcionarios norcoreanos por los abusos de derechos humanos cometidos por el régimen, con la esperanza de presionar a ese Gobierno y entorpecer su acceso al sistema financiero mundial.


La medida suma a Kim Jong-un a la selecta lista de líderes que han sido sancionados por Estados Unidos en el pasado debido a los abusos de derechos humanos que han cometido, como el sirio Bachar Al Asad, el libio Muamar Al Gadafi, el iraquí Sadam Hussein y el zimbabuense Robert Mugabe.


"Bajo Kim Jong-un, Corea del Norte sigue sometiendo una crueldad y sufrimiento intolerables a millones de personas de su propio pueblo, incluidos asesinatos extrajudiciales, trabajos forzados y tortura", afirmó en un comunicado el subsecretario del Tesoro en funciones para Inteligencia financiera, Adam J. Szubin.


Las sanciones del Departamento del Tesoro afectan a Kim Jong-un, otros diez funcionarios norcoreanos y cinco entidades del país, y resultan en la congelación de las propiedades que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a los ciudadanos de EU de implicarse en transacciones financieras con ellos.


Estados Unidos confía en que esas sanciones tengan "un efecto dominó en todo el mundo", ya que los bancos y las entidades financieras internacionales usan la lista de individuos y entidades sancionadas por el Tesoro "para medir el riesgo" de negociar con alguien, aseguró hoy un alto funcionario estadounidense.


"La inclusión en esta lista hace arriesgado que cualquier entidad de todo el mundo albergue las propiedades de ese individuo en cualquier lugar del mundo", añadió el funcionario en una conferencia de prensa telefónica.


Además, las sanciones tienen el efecto de "acabar con el anonimato" bajo el que operaban muchos de los funcionarios identificados hoy como violadores de derechos humanos, según indicó otro alto funcionario estadounidense en la conferencia de prensa.


"Aunque el hecho de que los nombremos puede no afectar sus vidas hoy, sí puede tener un impacto en cualquier escenario futuro" en el que caiga el régimen de Kim Jong-un, apuntó la fuente.


Las sanciones contra Kim Jong-un se justifican porque dirige "uno de los países más represivos del mundo", con abusos "graves de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y detenciones, trabajos forzados y tortura", según indicó el Tesoro en un comunicado.


"Consideramos que Kim Jong-un es claramente el responsable último de los abusos del régimen (norcoreano) contra su pueblo", subrayó hoy uno de los funcionarios que hablaron en la conferencia de prensa.


Junto al anuncio del Tesoro, el Departamento de Estado envió hoy un informe al Congreso en el que identifica a 23 individuos y entidades norcoreanas -incluido Kim Jong-un- a los que considera responsables de los abusos de derechos humanos en el país, y que están sujetos a sanciones de EE.UU. desde hoy o desde hace ya tiempo.


Entre esos individuos sancionados está el vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte (PTC), Ri Su-yong; el vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, O Kuk-ryol; y el vicemariscal y director del buró político del Ejército Popular, Hwang Pyong So, considerado la mano derecha de Kim Jong-un.


También figura Choe Pu-il, el ministro de Seguridad Pública, la entidad encargada de operar los campos de trabajo forzado e implementar las políticas de censura en el país y responsable, según el informe estadounidense, de numerosos actos de tortura, y a otros dos funcionarios de esa agencia.


Asimismo, quedan sancionados el ministro de Defensa norcoreano, Pak Yong-sik; el director de la oficina de prisiones en el ministerio de Seguridad Estatal, Kang Song-nam; el director del Departamento de Propaganda y Agitación, Kim Ki-nam, y su vicedirector, Ri Jae-il; entre otros.


El Tesoro también sancionó al propio Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Seguridad Estatal, a la Oficina Correccional de Corea del Norte, a la Oficina de Prisiones de Corea del Norte y al Departamento de Organización y Planificación, encargado de las políticas de censura en el país.


El Departamento de Estado actualizará periódicamente su informe con otros posibles violadores, y espera enviar con ello un mensaje a los norcoreanos de que "si se implican en abusos, sabremos quiénes son y acabarán en una lista negra que conllevará grandes desventajas", según uno de los funcionarios.


jlcg

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