Ankara.— Turquía se enfrentó ayer a la Unión Europea (UE) por la posible reinstauración de la pena de muerte, mientras el gobierno confirmó la reorganización de las fuerzas de seguridad, tras el fallido golpe de Estado que protagonizó hace una semana una sección del ejército.
“La gente exige la pena de muerte y ese pedido será analizado con seguridad. Debemos estudiar la petición desde el punto de vista de la ley y no de acuerdo a lo que diga la UE”, comentó el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, al canal de televisión CNN Türk. La posibilidad de que Turquía reinstaure la pena capital para los responsables de la intentona golpista, en la que murieron más de 246 personas y resultaron heridas unas 2 mil 100, añadió tensión a las relaciones de Ankara con la UE, bloque al que aspira a unirse.
Turquía ilegalizó la pena de muerte en 2004, como parte de su iniciativa para ingresar al bloque, y funcionarios europeos indicaron que una marcha atrás en este asunto pondría fin de manera efectiva al proceso de entrada a la UE.
“Estamos siguiendo muy de cerca y con preocupación los acontecimientos con respecto al estado de emergencia que ha declarado Turquía tras el intento de golpe”, dijeron ayer la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el comisario de Vecindad y Negociaciones para la Ampliación, Johannes Hahn, en un comunicado. Recordaron que el estado de emergencia se suma a las “recientes decisiones inaceptables en el sistema educativo, la judicatura y los medios de comunicación”, en referencia a la detención y suspensión de empleo de miles de maestros, jueces, policías, fiscales y funcionarios de distintos departamentos.
Ayer mismo fueron arrestados 283 soldados de la Guardia Presidencial, informó la agencia semipública Anadolu. Se trata de más de la décima parte de los integrantes de este cuerpo, de 2 mil 500 miembros.
Estos arrestos se agregan a los más de 6 mil militares detenidos desde el golpe y acusados de simpatizar con la cofradía de Fetullah Gülen, un predicador exiliado en Estados Unidos al que el gobierno turco considera instigador de la asonada.
El ministro turco del Interior, Efkan Ala, confirmó ayer lo anticipado por el presidente Recep Tayyip Erdogam de que habrá cambios institucionales a nivel de seguridad en las fuerzas armadas, el más significativo de los cuales sería la gendarmería, que dejará de ser parte del ejército.
Unas 50 mil personas en todo el país han sido suspendidas de sueldo por su supuesta vinculación con Fetullah Gülen. Los ministros turcos de Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, y Justicia, Bekir Bozdag, viajarán la semana próxima a Estados Unidos, con cuyas autoridades negociarán una eventual extradición de Gülen. El presidente estadounidense, Barack Obama, rechazó ayer las versiones de que su país estuvo implicado de algún modo sabía con anticipación del fallido golpe de Estado en Turquía, que volvió a “deplorar”.