Marcelo Palacios lleva 30 años dándole vueltas a la gestación subrogada y sus implicaciones éticas. Él fue ponente de la proposición de ley sobre técnicas en reproducción asistida española de 1985 y ponente y proponente de la Convención de Asturias de Bioética del Consejo de Europa.

Palacios fue uno de los expertos que consideró que la gestación subrogada no debía de ser legal en España; y sin embargo hoy considera que la sociedad ha evolucionado y es el momento de replantearse esa prohibición. “En ese momento se legisló así porque España era un país con muchas carencias sociales, y podían darse abusos infames. Había mujeres en situación vulnerable, por ejemplo con el éxodo rural, de las que podían aprovecharse personas con más recursos económicos e intelectuales. Y se planteaban muchos conflictos más”, plantea. Entre ellos enumera la posibilidad de que una gestante se arrepintiese tras parir, que padres de intención reclamasen compensaciones a mujeres que pudieran perder accidentalmente el embrión, que quienes contrataran el servicio quisieran después devolver un niño con malformaciones... “Había muchas situaciones conflictivas difíciles de resolver en ese momento”, concluye Palacios.

En la Europa del siglo XXI las condiciones son diferentes, considera. “Ha habido muchos cambios. La posición de la mujer se ha fortalecido, la población está más informada y además la gestación subrogada ha dejado de ser un programa individual y puntual para convertirse en un problema social: por eso habría que hacer una nueva legislación que incorpore la posibilidad de la gestación subrogada, siempre con sus lógicas cautelas para que no se incurra en abusos”.

Palacios reconoce que el debate es arduo y que hay aspectos que serán difíciles de resolver, como el componente comercial implícito en la mayoría de contratos de subrogación (“Yo apenas conozco casos que no sean por dinero”) y, sobre todo, el espinoso recurso a países pobres con legislaciones tan permisivas como escaso control del respeto a las libertades de la gestante. “En muchos países deben plantearse ahora las interrogantes que nos hicimos nosotros en España cuando estábamos en una situación de mayor vulnerabilidad”, explica. “Asumiendo que la subrogación es una realidad ya implantada, en España deberíamos intentar que la gente no tenga que hacer ese turismo, meterse en gastos ni aventuras. Y por supuesto es una moralina que nos opongamos a que aquí se haga pero aceptemos y nos beneficiemos de que se haga en el extranjero”.

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