Juicio político busca encubrir corrupción, afirma Rousseff

Dilma Rousseff, presidenta brasileña suspendida, declaró ayer en entrevista con el periódico Folha de Sao Paulo que las grabaciones de audio filtradas en las que un ex ministro de Michel Temer, mandatario interino, platica con un involucrado en el escándalo de corrupción de Petrobras, prueban la idea de que el juicio político contra ella tiene como objetivo detener la investigación de la Operación Lava Jato, en la que se han visto implicados numerosos políticos y empresarios.

Rousseff dijo que las grabaciones le dan esperanzas de regresar al puesto, del que fue alejada el mes pasado luego de que el Senado votara en favor de someterla a un juicio político por razones administrativas.

Los audios a los que hace mención la mandataria suspendida dan cuenta de la conversación entre tres políticos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en los que dan a entender que su derrocamiento ayudaría a evitar la continuidad de las investigaciones. Los involucrados niegan tal interpretación y hasta ahora no hay evidencias de que la hayan detenido.

“Todo fue hecho por aquellos quienes pensaban que, si no se cambiaba al gobierno, el sangrado [de algunos políticos] continuaría”, dijo Rousseff. Y añadió: “Las conversaciones demuestran lo que hemos dicho una y otra vez: nunca interferimos. Y los que querían mi juicio político tenían ese objetivo. Yo no soy la que lo digo; son ellos”.

La divulgación de las grabaciones obligó a Romero Juca, el nuevo ministro de Planeación, a solicitar licencia del puesto. En ellas también se escucha a otros dos funcionarios destacados del partido de Temer —Renán Calheiros, líder del Senado, y al ex presidente José Sarney— criticar a la presidenta en turno, al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, a legisladores de la Corte Suprema y a empresarios.

Asimismo, Rousseff señaló a Eduardo Cunha, polémico ex jefe de la Cámara de Diputados, también separado de su puesto, como el personaje “central” del gobierno de Michel Temer.

“Cunha no sólo manda. Él es el gobierno y no hay administración posible en los términos de Eduardo Cunha”, dijo Rousseff.

El ex legislador es uno de los 50 políticos investigados en el caso de corrupción descubierto en la estatal Petrobras, empresa que sobrevaloraba contratos con grandes constructoras para repartir los sobornos entre ex altos cargos de la compañía, congresistas y ejecutivos de esas empresas.

Cunha, quien como presidente de la Cámara de Diputados dio inició al proceso de apertura de juicio político contra Rousseff, fue separado temporalmente del cargo el pasado 5 de mayo por sospechas de corrupción.

En tanto, durante el desfile por el orgullo gay en Sao Paulo, la comunidad homosexual brasileña pidió ayer que el Congreso acelere el debate sobre la Ley de Identidad de Género.

La iniciativa, que está parada en los trámites del Legislativo (y podría continuar así, bajo la actual administración de corte conservador), busca beneficiar a a la comunidad en temas como salud, derecho al cambio de identidad y medidas para frenar el creciente número de crímenes cometidos contra ese colectivo, que en los últimos ocho años registró la muerte de 802 transexuales y está en el primer lugar de esa triste lista, de acuerdo con la ONG Transgender Europe.