La primera dama de Perú, Nadine Heredia, aseguró ayer que “la persecución política [contra ella] está cantada” si la candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), gana la segunda vuelta de las elecciones peruanas, del próximo domingo 5 de junio.

En un mensaje publicado en Facebook, Heredia reveló que el reelegido congresista fujimorista Héctor Becerril la ha denunciado por un presunto delito de fraude procesal en la investigación que le realiza la fiscalía por una supuesta financiación irregular del Partido Nacionalista Peruano (PNP), que ella preside.

La esposa del presidente Ollanta Humala indicó que la denuncia se basa en presunta “información falsa” divulgada por los peritos que la sometieron a una prueba grafológica para determinar si le pertenecían cuatro agendas con anotaciones de aportes al PNP, que son parte de la pesquisa. “Los peritos que tomaron la prueba grafotécnica fueron denunciados por hechos comprobables: nunca utilizaron una de las muestras que brindé por cuatro horas, no mantuvieron la reserva e incluso se tomaron fotos con el fiscal y comentaron en las redes sociales su particular interpretación”, dijo Heredia.

La primera dama reconoció anteriormente que las agendas son suyas, pero sostuvo que no deberían ser materia de investigación porque fueron robadas de su domicilio.

Humala insistió, por su parte, en que su esposa “no ha tenido parte en el manejo de fondos” del PNP durante las campañas electorales de 2006 y 2011, sobre las que el fiscal Germán Juárez investiga si hubo aportes irregulares procedentes de Venezuela en el primer periodo y de la minería ilegal en el segundo periodo.

Remarcó que él ocupó la presidencia de su partido en esos años y que le correspondió el manejo financiero del mismo. Además, sostuvo que “se está creando una ficción jurídica, al tratar de recrear una organización sin fines de lucro, como si fuera una organización criminal”.

El fiscal encargado del caso se debe pronunciar en los próximos días sobre la denuncia formal por lavado de activos después de haber completado la etapa de interrogatorios.

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