Venezolanos desafían prohibición de marchar

Varios cientos de opositores protestaron ayer en esta capital venezolana contra una sentencia judicial que les impide manifestarse ante la sede del Consejo Nacional Electoral y advirtieron que seguirán en las calles para presionar por el referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro.

Al grito de “¡Revocatorio, revocatorio!” y entre carteles en los que se leía “Maduro termina de irte, total ya destruiste mi Venezuela”, los manifestantes se concentraron frente a un edificio donde funciona una corte capitalina para protestar contra la sentencia.

El fallo se dio a conocer pocos días después de una movilización que intentó llegar hasta la sede del Consejo pero fue bloqueada por cientos de policías y guardias nacionales que utilizaron bombas lacrimógenas y balas de goma para dispersar a los manifestantes. En un abierto reto al Poder Judicial, el dirigente opositor y ex candidato presidencial Henrique Capriles afirmó que no habrá “ninguna sentencia, ninguna medida, ni nadie que nos impida ir al Consejo Nacional Electoral”.

“Si el pueblo quiere que siga Maduro es la decisión del pueblo, pero si el pueblo quiere un cambio, si el pueblo quiere que salgamos de esta crisis, esa es la voz del pueblo”, expresó.

La oposición sostiene que el Poder Judicial es controlado por el oficialismo y que está tomando decisiones “inconstitucionales” para proteger a Maduro. Las autoridades han desestimado las críticas contra el Tribunal Supremo de Justicia y otras instancias judiciales y aseguran que están actuando en defensa de la Constitución.

Mientras la oposición sigue presionando para realizar el referéndum este año —si se realiza en 2017, aunque Maduro se vaya, el gobierno lo asumiría el vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz—, algunos dirigentes oficialistas descartaron esa posibilidad y denunciaron que las firmas que se recolectaron el mes pasado a favor de la consulta presentan irregularidades.

También hubo protestas de los trabajadores de la embotelladora Coca-Cola FEMSA, en la planta de Maracaibo, por el cierre y la suspensión de sus pagos, después de que la firma interrumpiera temporalmente las líneas de bebidas con azúcar refinada de uso industrial por la escasez del insumo.

En tanto, el líder del partido español Ciudadanos (liberal), Albert Rivera, intentó, sin éxito, visitar al dirigente opositor venezolano Leopoldo López, preso en una cárcel cercana a Caracas donde cumple una condena de casi 14 años por delitos relacionados con la violencia generada tras una protesta.

Esta fue la última actividad de Rivera en su visita a Venezuela —invitado por la oposición— antes de partir de regreso a España. El político español afirmó que, a su juicio, “el gobierno de Venezuela no quiere diálogo... quiere expulsar incluso a los diputados que venimos a buscar ayudas y soluciones”, dijo.

La próxima semana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro presentará un informe sobre las situación venezolana, donde justificará la necesidad de invocar la Carta Demócratica en caso de que vea una alteración grave del orden democrático en el país latinoamericano.