El cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), criticó la ley de uniones homosexuales aprobada en Italia por equipararlas al matrimonio católico y porque fomenta el uso del vientre de alquiler.
"La reciente aprobación de la ley sobre las uniones civiles establece la equivalencia de facto con el matrimonio y la familia, incluso aunque se afirme que son cosas diferentes", sostuvo Bagnasco durante una intervención en la asamblea anual de la CEI en el Vaticano.
En opinión de Bagnasco, sin embargo, estas son "pequeñas diferencias de forma o artificios jurídicos fácilmente eludibles" que en la práctica no distinguen las uniones de los matrimonios católicos.
Además, consideró que la ley acabará incentivando el uso "del vientre de alquiler" para favorecer que las parejas del mismo sexo puedan criar a niños.
En el discurso que pronunció Bagnasco, publicado en la página de la CEI, el cardenal señaló que Italia tiene problemas más importantes que no están siendo atendidos, a su juicio, con la misma intensidad con la que se ha puesto en marcha esta ley, impulsada por el Gobierno de Matteo Renzi por "cuestiones ideológicas".
Entre los problemas a los que se enfrenta el país, citó el desempleo, la crisis migratoria, la pobreza o la baja natalidad.
Bagnasco citó al papa Francisco para apoyar sus reflexiones y recordó que Jorge Bergoglio ha dicho en diversas ocasiones que "la familia es el fundamento de la convivencia y el remedio contra la desintegración social".
"En otra ocasión (Francisco) reiteró que 'la complementariedad es la base del matrimonio y de la familia', por lo que es necesario 'reafirmar el derecho de los niños a crecer en una familia con un padre y una madre'", dijo.
Por eso, opinó, no se comprende que "estas afirmaciones, tan claras por parte del papa Francisco (...), pasen constantemente en silencio, como si nunca se hubieran pronunciado o escrito", lamentó.
Italia aprobó el pasado 11 de mayo la ley que reconoce las uniones formadas entre personas del mismo sexo, aunque sin contemplar el derecho de adopción.
El país cuenta por primera vez con una normativa al respecto, después de que en julio pasado fuera condenado por el Tribunal de Estrasburgo por no respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
jlcg
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