Maras imponen caos y violencia en El Salvador

Por segundo día consecutivo, El Salvador enfrentó ayer un escenario de terror impuesto por las temibles maras con un masivo paro indefinido del transporte público que perjudica a millones de personas, para exigir al gobierno que acepte negociar beneficios penitenciarios y socioeconómicos a cambio de reducir la violencia, pero el poder Ejecutivo rechazó pactar y amenazó con sacar al ejército de los cuarteles y lanzarlo a las calles a combatir a las pandillas juveniles.

En la más grave crisis de inseguridad desde el final, en 1992, de 12 años de guerra civil, el presidente Salvador Sánchez Cerén advirtió: “Si es necesario desplegar la Fuerza Armada para patrullar las calles de San Salvador, lo vamos a hacer. Es una Fuerza Armada que en ningún momento se va a prestar a desestabilizar al gobierno, porque está formada en una doctrina de respeto a la institucionalidad y respeto al poder civil”.

El paro indefinido empezó el lunes porque las maras Salvatrucha y 18 exigen a los transportistas aumentar el pago por extorsiones o exponerse al asesinato de sus choferes.

La Asociación de Empresarios Autobuseros Salvadoreños (AEAS) informó a EL UNIVERSAL que ese gremio paga 33 millones de dólares al año en sobornos. “Somos las víctimas. En el fondo las maras quieren presionar al gobierno a negociar”, dijo el empresario Genaro Ramírez, presidente de AEAS.

Más de 100 rutas salieron de circulación el lunes y ayer en la capital y otras zonas. Las maras han asesinado a seis conductores en las últimas horas.

“La nueva agresión de los grupos criminales (está) basada en el terror, el miedo y el asesinato. No van a doblegar al pueblo salvadoreño”, alertó Sánchez, al anunciar que con esos grupos criminales jamás negociará y se les va a “perseguir y llevar a la cárcel”.

El portavoz oficial, Eugenio Chicas reiteró que el gobierno no pactará con las pandillas. “No hay pactos con grupos de pandillas, no hay ningún tipo de entendimiento” y lo que las autoridades policiacas harán es “profundizar los planes de seguridad”, sentenció.

Las maras, con unos 70 mil integrantes y que incluyendo a parientes superan el medio millón de salvadoreños, pretenden que el gobierno reduzca el acoso policial y militar en su contra, otorgue privilegios carcelarios a sus jerarcas y beneficios socioeconómicos a sus miembros.

El gobierno, que calificó a los mareros de terroristas, trasladó ayer a jefes pandilleros a un penal de máxima seguridad y confirmó que la orden de paro salió de las prisiones.

Los pandilleros fueron identificados como Carlos Eduardo Burgos Nuila y José Carlos Hernández Mauricio, quienes se encontraban recluidos en el centro penal de la localidad de Quezaltepeque (noroeste) y que ya se encuentran en el penal de mayor seguridad del país en el municipio de Zacatecoluca (sureste). Ambos pertenecen a la pandilla Barrio 18 Revolucionarios. También se anunció el traslado de más reos —37 en total— a otras prisiones.

La paralización recordó paros en la guerra entre el entonces guerrillero e izquierdista (y hoy partido gobernante) Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y las fuerzas militares derechistas apoyadas por la oligarquía y que dejó unos 80 mil muertos.

En paz desde 1992, El Salvador contabilizó más de 50 mil homicidios del 1 de enero de 1999 al 30 de junio de 2015 por violencia criminal.

Con una rivalidad a muerte, las maras emergieron en la década de 1980 en las calles de California entre centenares de miles de centroamericanos que emigraron a Estados Unidos para huir de las guerras en Centroamérica y hace más de 22 años, con su masiva deportación y hundidos en la marginación, se instalaron en Guatemala, El Salvador y Honduras, donde han reproducido un aparato criminal transmitido por generaciones. Con información de agencias