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La corrupción política, vieja compañera de viaje de los principales poderes en Guatemala que, como secreto a voces, creció y ocupó decisivos espacios ejecutivos, legislativos y judiciales, estalló y aceleró la crisis de ingobernabilidad en el país, tras destaparse en los últimos 75 días una cadena de escándalos de fraude que arrinconaron y debilitaron al presidente Otto Pérez Molina y activaron una respuesta social y popular sin precedentes en más de 70 años en este país al sur de la frontera con México.
Un andamiaje de estructuras públicas y privadas de poder, edificado con empresas fantasmas, simulación de ventas y compras, tráfico de influencias y sobreprecios, sub o sobrefacturación, evasión fiscal, “lavado” de dinero y sobornos o coimas, generó un entarimado que negoció millonarios privilegios, favores, silencios o complicidades en este, uno de los países más pobres de América.
La oleada comenzó en abril —al revelarse la defraudación fiscal en la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT)—; continuó en mayo —al destaparse el fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)— y prosiguió en junio, cuando se dio a conocer un fraude en la Policía Nacional Civil (PNC).
La indagatoria también golpeó al Congreso con el hallazgo, este mes, de una red de empleos falsos que implica al diputado Pedro Muadi, presidente legislativo en 2013 siendo integrante del oficialista Partido Patriota y ahora en la oposición, y al parlamentario Baudilio Hichos, del opositor partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), por fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias en un acuerdo con el IGSS por unos 250 mil dólares para obras de infraestructura en una clínica. La “corrupción generalizada persiste” en Guatemala, acusó un informe anual del Departamento de Estado de EU sobre derechos humanos emitido el jueves.
“La crisis cuestiona la propia existencia de partidos y gobierno. La credibilidad sobre el sistema y sus autoridades está en el peor momento al destaparse estos escándalos”, advirtió el guatemalteco Sandino Asturias, coordinador del (no estatal) Centro de Estudios de Guatemala. “Lo grave es que una autoridad supuestamente electa para servir a la población, se ha servido del Estado para beneficio personal. Se ocupa refundar al Estado. El escenario ideal sería cambiar reglas y actores y plantearse un país con un nuevo contrato social para que esto no vuelva a pasar”, añadió, consultado por EL UNIVERSAL.
El presidente Pérez alegó inocencia y anunció un plan general de auditorías y de investigación minuciosa para fortalecer la transparencia.
El lío en IGSS ronda los 15 millones de dólares y el de PNC se acerca a siete millones de dólares, pero el de SAT es en dólares con más ceros a la derecha. Los procesos fueron revelados por la Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente de la Organización de Naciones Unidas creado en 2007 para depurar al sistema judicial que, por décadas, fue bastión de impunidad.
“Estamos en este momento en una cruzada verdadera en la lucha contra la corrupción”, dijo el colombiano Iván Velásquez, jefe de la CIGIG, al subrayar que “esta es probablemente la mejor oportunidad para el país de enfrentar con toda decisión la lucha contra la corrupción”.
A juicio del guatemalteco Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, foro no estatal de esta capital que promueve la honestidad en la función pública, la cultura de poder de la que surge Guatemala está “muy arraigada, viene de siglos. Varios estados del sur de México caen en esta ecuación y tienen al señor caudillo, feudal, cacique, y un esquema de poder que concentra beneficios en una pequeña élite y pasa costos a una población cada vez más pobre”.
Ira callejera
Un recorrido por la capital permite detectar, con facilidad, el agudizado sentimiento de malestar, encono y repudio hacia la clase política por la piñata con recursos públicos en una nación en la que la pobreza azota a más del 55% de sus 16 millones de habitantes. Por algo, la explanada del Parque Central de esta ciudad ya es zona emblemática: al frente está el Palacio Nacional, símbolo del tradicional poder político, económico y militar y punto de reunión de las protestas populares de todos los sábados por la tarde, desde abril pasado, en contra de Pérez para exigir que dimita.
“La corrupción es ofensiva: se robaron el dinero de los pobres”, dijo a este periódico el guatemalteco Julio Alberto Ortiz, de 43 años y vendedor de helados que, en esa plazoleta, se queja del desempleo y de ganar quizás apenas para comer. En un estrato diferente, el del influyente empresariado, la situación es descrita por el guatemalteco Jorge Briz, presidente del poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, como “grave y delicada”.
Sobre el daño causado por la corrupción y los “empresarios delincuentes y corruptos”, admitió que el clamor es “hasta aquí” y que “tampoco se vale que gobernantes corruptos e irresponsables estén saqueando al país”.
Desplome
La administración Pérez, que empezó en 2012 y concluirá en enero próximo, sufre un coma. Su vicepresidenta —Roxana Baldetti— renunció en mayo por su nexo con el caso SAT, mientras que seis ministros son cuestionados por corrupción y falta de transparencia y las postrimerías del gobierno arden en el fuego de las crecientes protestas ante el palacio de gobierno.
Allí, dos universitarios lanzan sus inquietudes. “La corrupción indigna. Antes se decía que quienes protestaban eran comunistas ‘come-niños’. La población urbana, luego de muchos años, perdió el miedo”, aseveró Claudia Gómez, de 21 años y estudiante de Historia en la (estatal) Universidad de San Carlos (USAC). “La gente se dio cuenta de todas las atrocidades de los gobiernos. Indigna y cansa ir a un hospital y que no haya medicinas”, observó Mario Rodríguez, de 21 y estudiante de Diseño Gráfico en la USAC.
Por una orden del 10 de junio de la Corte Suprema de Justicia, Pérez comenzó a ser investigado por una comisión del Congreso para evaluar su desafuero por su presunto nexo con los casos IGSS y SAT, pero un fallo del 17 de la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que suspendió el antejuicio legislativo. El tribunal constitucional debe decidir en menos de dos semanas si confirma o rechazar el amparo a favor del presidente, quien ayer presentó otro amparo para frenar el antejuicio en su contra.
“Si el Estado y su Congreso no responden al clamor de transformación que hay en las protestas populares, estamos frente a un estallido social”, alertó a EL UNIVERSAL, el diputado Amílcar Pop, del partido maya Winaq y quien abrió el antejuicio a Pérez. “Sería un estallido social incontrolable”, insistió.
