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De última hora, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) anexaron seis dictámenes más para modificar y, en su caso, aprobar hoy usos de suelo en 11 delegaciones políticas de la capital.

El martes por la noche, el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF, Carlos Hernández, había asegurado que de 41 proyectos de modificación, 11 serían aprobados en periodo extraordinario.

Ayer, las cifras cambiaron y después de que vecinos irrumpieran en la sesión permanente de la Comisión, el legislador del PRD indicó en conferencia de prensa que serían 14 y no 11 los dictámenes que serán avalados, bajo el argumento de que cada uno fue revisado de manera jurídica y técnica.

Ante el posible madruguete denunciado por la panista Priscila Vera, 64 organizaciones civiles interpusieron una denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) contra quien resulte responsable.

El argumento, detalló Mayte de la Rivas, de La Voz Polanco, es por utilizar de manera ilegal predios a un uso distinto al permitido y que diputados de la ALDF pretendan avalar estos cambios, violentando el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano, que señala que no puede no pueden aprobarse estas iniciativas en periodo extraordinario.

Hernández Mirón confirmó que por unanimidad, en sesión privada, los legisladores aprobaron estas modificaciones, las cuales serán presentadas ante el Pleno para su autorización.

Mayte de la Rivas dio a conocer que acudirán a la Contraloría General del DF para que investigue y sancione las omisiones que constituyan faltas administrativas o penales de quienes integran el Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano de Seduvi.

Los vecinos inconformes apelaron, nuevamente, a que los legisladores de la Comisión no se conviertan en encubridores de delito.

Lo anterior porque se pretende certificar Usos de Suelo a predios que ya están operando con el giro solicitado. El diputado perredista aseguró lo contrario: “A cada predio visitado se pudo comprobar que en la mayoría de las solicitudes no intervienen desarrolladores inmobiliarios sino particulares, además de que se revisaron expedientes técnicos”, dijo Hernández.

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