¿Ya no se escuchará el "se compraaan colchones, refrigeradores o algo de fierro viejo que vendaaan"?

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Así lo alertó Francisco Uriostegui Pineda, presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores, luego de que la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, y el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista, Xavier López Adame, se pronunciaran en contra del sector al proponer sancionarlos con uno a cuatro años de prisión.

Calificó como retrógradas estas medidas y advirtió que si no se echan para atrás, iniciarán manifestaciones.

“No se olvide que estos trabajadores en la Ciudad de México, como en el resto del país, desempeñan un papel primordial para surtir a la industria automotriz y otras que requieren del metal”, precisó.

Aclaró a Müller García y López Adame que ninguna ley puede obligar a los dueños de las casas a regalar —si no quieren— sus residuos domésticos y urbanos al gobierno capitalino a través de los trabajadores de limpia.

Hay mucha gente, aseguró, que “con tal de ayudarnos nos dan el cascajo, colchones viejos, refrigeradores y otro tipo de materiales ferrosos y no ferrosos. Se trata de una cadena, ya que los compañeros reciben un recurso que lo utilizan en beneficio de sus familias. Nadie nos puede obligar a dejar algo que es nuestro y nos costó, tenemos la libertad de vender a quien elijamos”.

Cuestionó las reformas que promueve el Verde en el órgano legislativo local, ya que han dejado a miles de personas sin empleo.

“Primero lo hicieron con los circos con la prohibición de animales, después con los delfinarios y, ahora, contra las personas que se dedican al perifoneo. ¿De qué se trata?”, añadió.

Separación de residuos. Mañana, con la entrada en vigor de la Norma 024, el Gobierno de la Ciudad de México evaluará el avance de la separación de residuos sólidos y, en caso de que no haya voluntad por parte de la ciudadanía, se analizará una medida disuasiva, como el hecho de que los trabajadores de limpia se rehúsen a recibir la basura si no viene separada.

El titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, Jaime Slomianski, aseguró que en una primera fase no habrá sanciones ni obligatoriedad; sin embargo, después sí se podría llegar a una penalización económica o de otra naturaleza.

Al sostener una mesa de trabajo con la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, a la que también acudió la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, adelantó que ya hay operativos con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a efecto de controlar los vehículos que de manera ilegal recogen los desechos sólidos.

“Si se detectan que no son camiones de basura oficiales, los van a parar. Tenemos la relación de los 2 mil 500 recolectores, se lo pasamos al Centro de Mando de la Secretaría de Seguridad Pública y se va a reportar si e está dentro de la relación que enviamos, si no, lo remitirán en calidad de presentado a la Fiscalía de Delitos Ambientales y se asegurará el vehículo”, advirtió.

Desconoció el número de vehículos, pero dijo que analizan un mecanismo para que tengan cromática oficial.

Señaló que, con una producción de más de 13 mil toneladas de basuras diarias, la Ciudad de México está entre las cinco localidades en el mundo que más desechos genera.

Comentó que el gobierno capitalino gasta más de 2 mil millones de pesos anuales en el manejo de residuos y manda 8 mil 500 millones de toneladas a rellenos del Estado de México. Consideró que se debe avanzar para dar un trato adecuado los desechos.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, propuso la realización de una mesa técnica para abordar la problemática del cascajo, ya que es un tema pendiente en la Ciudad.

Se comprometió a asignar los recursos necesarios para que cada delegación tenga su planta trituradora; aunque antes deberá quedar establecida la metodología para el procesamiento y el destino final del material. Recordó que las delegaciones erogan entre 15 y 20 millones anuales para su retiro.