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El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa local busca acabar con el pago forzado del diezmo que exigen algunos funcionarios, al imponer de cinco a 10 años de prisión a quien lo haga.
El presidente de la Mesa Directiva en el órgano legislativo de la Ciudad de México, Mauricio Toledo, planteó una iniciativa para reformar el Código Penal y garantizar que los trabajadores no sean obligados a pagar dinero en apoyo de funcionarios.
Con la aprobación de la modificación del Artículo 273 del Código Pena, cualquier servidor público que cometa el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades al exigir una cuota será penado con cárcel.
“Aunque sé que causa incomodidad para algunos, no debemos permitir que delegados, próximos alcaldes, saquen de los trabajadores de base y de confianza dinero para financiar campañas electorales. La Ley Delfina, como la he bautizado, busca que no se repitan estos actos y ojalá se dictamine, para que no se repitan a nivel nacional”, argumentó.
Desde tribuna, Toledo dijo que el propósito de esta iniciativa es evitar se repitan casos como el de Texcoco, donde la candidata de Morena, Delfina Gómez, pedía diezmo a funcionarios.
Mencionó que lo recaudado durante su gestión, entre 2012 y 2015, asciende a 13 millones de pesos, producto del ilegal descuento del 10% del salario de los trabajadores.
El también ex jefe delegacional de Coyoacán sostuvo que se debe reforzar el marco legal para perfeccionar el tipo penal y aumentar las penas para aquellos funcionarios públicos que pretendan engordar sus bolsillos a costa de los ingresos del trabajador.
“La ahora candidata al Estado de México, Delfina Gómez, ilegalmente cobraba el diezmo a los trabajadores del ayuntamiento, además de los bonos de miles de pesos que se otorgó como compensación extraordinaria”.
El asambleísta precisó que la ausencia de requisitos legales y éticos provocan la proliferación de prácticas que resultan perjudiciales para la gobernabilidad y legitimidad democrática.
Además, señaló que estas prácticas dañan el salario de los trabajadores, generando una desatención de sus necesidades básicas, al tener que entregar parte de su dinero sin razón.
“La propuesta que hoy propongo a su consideración y que será remitida a la Comisión de Asuntos Político Electorales pretender recobrar el sentido ético del servicio público, que por definición es la acción de los funcionarios de gobierno de satisfacer y cumplir las demandas y necesidades de los ciudadanos”, sustentó el presidente de la Mesa Directiva.
