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diana.fuentes@eluniversal.com.mx
Para cerrar el círculo de la corrupción, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, propuso la creación de un sistema en línea en el que se encuentren todas las manifestaciones de obra.
En entrevista, luego de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer un alegato jurídico por el Paquete Económico 2017, detalló que, a través de este sistema, los notarios de la capital del país podrán acceder y revisar que los documentos sean legales y los que fueron autorizados.
La panista mencionó que esta información estará en línea y, en un máximo de cinco minutos, se podrá parar en seco cualquier acto de corrupción en la Delegación.
Calificó de inadmisible que el Registro Público de la Propiedad escriture departamentos que violan el Uso de Suelo, bajo el argumento de que un notario ya dio la fe.
Además, se pronunció por un mayor rigor técnico, para evitar que se escriture cuando haya violación al Uso de Suelo en algún inmueble.
“Cualquier güey puede hacer un edificio, coludirse con la policía, con el delegado, construir 30 departamentos, ir al Estado de México con documentos apócrifos y generar el régimen de condominio, ir al Registro Público de la Propiedad, darlos de alta y hacer un mega negocio”, señaló la delegada en Miguel Hidalgo.
Lanzó la invitación a los 16 jefes delegacionales a que se sumen a este proyecto que pondrá, a su consideración, un alto a los actos ilegales.
“Invito a esos delegados, a quienes están muy cómodos con la corrupción, que reciben cochupo, al menos no se ve que levanten la voz”, sostuvo.
Argumentó que durante su administración ha demolido, por lo menos, nueve inmuebles y que ha peleado en tribunales de lo contencioso.
Ahora, adelantó, traigo en el ojo del huracán el inmueble de Horacio 1205, que construyó dos piso de más en la colonia Polanco.
Gálvez Ruiz aseguró que los niveles de corrupción son altos y puso como ejemplo el caso del inmueble ubicado en José Morán 102, en donde explicó que, de acuerdo con el propio dueño, se pagaba a la anterior administración una suma mensual para construir pisos de más y violentar la norma sin consecuencias.
