Análisis ‘calienta’ Cámara de Diputados

02/03/2017
01:16
Horacio Jiménez
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El sancionar de uno a tres años de prisión a quien cause algún daño al conducir por utilizar su teléfono celular generó un intenso debate al interior de la Cámara de Diputados.

El primero en subir a tribuna a defender este dictamen fue el diputado Álvaro Ibarra (PRI), quien dijo que este aumento de sanciones se justifica debido a que se estima que desviar la vista del camino para contestar una llamada o para observar la pantalla de un teléfono celular se incrementa 400% la posibilidad de sufrir un accidente.

Sin embargo, el grupo parlamentario de Morena presentó una moción suspensiva para evitar que se aprobara este dictamen y a través de Vidal Llerenas cuestionó si era viable que se castigara con cárcel una conducta como esta.

“Esta conducta, la de textear, está penalizada en distintas formas administrativas. En todo caso, la persona cometería un delito que tendría una pena. Por lo tanto, que se pueda configurar esta conducta, muy difícil de probar, además, y que tenga una pena de cárcel adicional. Es el tipo de uso populista del derecho penal que no resuelve los problemas de la sociedad”, describió Llerenas. Sin embargo, su solicitud fue desechada.

En tribuna hablaron a favor y contra más de 10 diputados.

En la bancada del PAN algunos estaban a favor de aprobar el dictamen como estaba y otros buscaban modificarlo. Jorge Triana presentó una reserva debido a que en nuestro país no existen “textímetros”.

“El alcoholímetro es ciencia, medición, parámetros. Señoras y señores, no existen los textímetros. Y al no existir los textímetros, caemos en la ambigüedad”, dijo.

Agregó: “¿Quién nos comprueba, señoras y señores, que se estaba texteando? ¿Cómo se sabe si nada más estaba viendo el teléfono? Dice que emplear aparatos de radiocomunicación”, cuestionó.

Propuso que la facultad de verificar quién textea sea de los gobiernos estatales, sin embargo, su reserva también fue rechazada.

Al final, el dictamen fue avalado con 239 votos a favor y se envió al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación en el pleno.

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