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Las autoridades ignoran el problema de trata laboral infantil que existe en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, aseguró Germán Nava, integrante del Observatorio contra la Trata.

En entrevista con EL UNIVERSAL, mencionó que de 2015 a marzo de 2016 no se hizo ningún operativo contra la trata laboral en dicho medio de transporte.

“Nos han prometido lo del cese de vagoneros y no lo han logrado, es demasiado grande y difícil de vigilar, pero está en una total desatención. Ya después de años de colocar el tema y de que nos digan que no han hecho un solo operativo en el Metro en cuanto a trata laboral y mendicidad es como una cierta dejadez”, sostuvo.

La investigación que realizan miembros del Observatorio les ha permitido conocer que las redes de explotación están utilizando cada vez más menores de edad porque los policías no los pueden tocar.

“Se están aprovechando de la condición de infancia para hacer negocio, recordando que esto se hace por negocio y es negocio porque el país no ofrece seguridad social. La población universitaria, por ejemplo, está en total indefensión contra el outsourcing, entonces las personas de escasos recursos tienen que hacer lo que sea para no morir de hambre”, indicó.

Nava dijo que una de las razones por las cuales los tratantes recurren a los menores para vender mercancía en el Metro es que son más fáciles de explotar y probablemente generen más dinero que un adulto.

Mientras no exista un censo sobre el número de niños que trabajan en el STC, consideró muy difícil erradicar la explotación laboral.

“El problema es que se lancen al combate sin hacer un diagnóstico previo, se lanzaron al combate de vagoneros sin saber cuántos había y sin saber cuánta capacidad de maniobra tienen, tampoco saben cuántos niños tienen, no les importa, nosotros como usuarios los vemos a diario”, agregó.

Poca prevención. Germán Nava aseveró que los servidores públicos no están interesados en prevenir estos delitos; no sólo no invierten en sus propias dependencias, sino que no apoyan con espacios de difusión a las organizaciones que buscan prevenir la trata de personas.

“Les preguntamos qué habían hecho en cuanto a prevención y nos dijeron que una cartilla y un cartel, cuando la PGJ debería tener cuando menos servicios sociales muy competentes en diseño, pero es una cosa muy sencilla y no muy estética, es un cartel que haría una persona de secundaria. Sólo hay carteles de denuncia en los MP, ¿por qué no poner algún espectacular para llegar a mucha más gente?”, resaltó.

Aunque organizaciones como el Observatorio contra la Trata realizan trabajo de prevención, Nava señaló que el gobierno no les da espacios públicos para difundir sus mensajes.

“El gobierno debería abrirse a escuchar propuestas ciudadanas y al final de cuentas es algo que no les cuesta. A nosotros hacer un video nos cuesta unos 50 mil pesos, que en términos de economía es poco, pero para nosotros es mucho. No les pedimos dinero para generar material, sino espacio para que haya más gente conociendo sus derechos humanos”, destacó.

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