La lamentable tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, cuyo saldo en pérdidas humanas infortunadamente sigue creciendo, obliga a reflexionar en torno del delito de robo de combustible, de las acciones del Gobierno Federal para hacerle frente y del entorno social consecuente. Aquí algunas aristas relevantes:
1. Respaldo de la población. Las encuestas y el ánimo general evidencian que la sociedad en su conjunto respalda que el gobierno actúe para impedir el huachicoleo, desmatelar sus redes y presentar ante la justicia a sus perpetradores.
2. Contraste social. Así como hay mexicanas y mexicanos dispuestos a solidarizarse y a mantener la serenidad ante los inconvenientes laborales y económicos del desabasto de gasolina en algunas entidades, hay otros, y pueden ser decenas de miles, que por motivos diversos participan del saqueo o apoyan a las redes delincuenciales que lo cometen, particularmente algunos de los que viven en las zonas aledañas al trazado de los ductos.
3. Riesgos mortales. El huachicol, además de su ilegalidad, sus consecuencias económicas y su grave vulneración al Estado de derecho, implica enormes y latentes riesgos para quienes lo realizan y para la población en general, lo que ha causado ya varias tragedias. Las miles de perforaciones clandestinas son una permanente bomba de tiempo en gran parte del territorio nacional. Se hace necesaria una campaña de convocatoria a la legalidad, respaldada por un llamado a la seguridad y por una enfática alerta sobre los peligros que implica el manejo clandestino de combustible.
4. Unidad en contra de la corrupción. La inmensa mayoría de la población ha mostrado su determinación de apoyar las acciones en contra del robo de hidrocarburos, lo que implica reprobar la corrupción inherente. Ello contradice la reiterada y autodenigrante afirmación de que la mexicana es una sociedad corrupta. No, la corrupción no es inherente a nosotros ni a nuestra relación social, pero sí un cáncer ampliamente esparcido que debe ser extirpado.
5. El respaldo no implica aceptación unánime de la forma en que se emprendieron las acciones. Algunos analistas, actores políticos y ciudadanos han cuestionado la falta de previsiones para evitar el desabasto de gasolina y diesel en algunas entidades, así como otras vertientes de la estrategia. El dinámico debate social y legislativo enriquece la discusión pública y confirma que, unidos en lo fundamental, estamos lejos de la unanimidad, lo que nos fortalece como Estado y como sociedad.
6. El gobierno federal está actuando y no deja a la inercia la “administración” de los desafíos que le corresponde enfrentar. Se puede o no estar de acuerdo con sus políticas y acciones, pero es un hecho que asume responsabilidades y riesgos.
7. Aplicación de la autoridad del Estado en asuntos torales para el país. Poner freno a la delincuencia es un imperativo ante la evidencia de que desde hace años la vida comunitaria y el desarrollo económico están limitados por la inseguridad y la violencia, que en distintos grados prevalecen en vastas regiones del país.
8. La restauracion del tejido social es fundamental para el fortalecimiento comunitario y para aumentar su resiliencia frente a los riesgos que implica la presencia y acción del crimen organizado, incluyendo su capacidad de reclutamiento.
9. La expectativa requiere ser matizada en cuanto a la rapidez de sus resultados. No se podrá terminar con el huachicol al corto plazo, pero el margen de confianza otorgado por la sociedad es una gran oportunidad para hacerlo de manera gradual y sistemática. Se trata de amplias y complejas redes delincuenciales dentro y fuera de Pemex, de cárteles violentos y armados, de comunidades que los apoyan, de soterradas logísticas de comercialización, de empresas o personas que compran el producto robado y de retorcidos mecanismos de lavado de dinero.
10. Es pronto para hacer juicios en torno de las acciones tomadas, las cuales deberán incidir en aspectos estructurales del delito a fin de ir desmontando redes que se tejieron y fortalecieron al paso de los años. Sólo el tiempo dirá si las coordenadas de la estrategia y sus acciones son acertadas, a la luz de los resultados que se obtengan.
Secretario General de Servicios Administrativos del Senado y especialista en derechos humanos.
@mfarahg
