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07/06/2018
03:43
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Aunque AMLO no es abogado, ha planteado dos cosas ligadas al sistema jurídico: acabar con la inseguridad y con la corrupción. Solamente que no puede solo, requiere el concurso de las instituciones encargadas del Estado de Derecho: el Poder Judicial de la Federación, y la Fiscalía General todavía pendiente.

AMLO no es abogado, pero sabe que sin abogados no se puede gobernar. Sabe igualmente que necesitará un Congreso que alcance mayorías calificadas (2/3) y 17 Legislaturas locales. No podrá avanzar en su renovación sin modificar el marco constitucional.

Cuando jefe de Gobierno había nubes grises de desafuero en su contra. El ministro Genaro Góngora se cruzaba la avenida que separa al edificio de la Suprema Corte del edificio del Ayuntamiento de la ciudad donde despacha el jefe de Gobierno. Se sabía la estrecha comunicación del entonces aun impoluto ministro con el alcalde. Mientras Góngora visitaba a AMLO, otro ministro, entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela, visitaba al presidente Fox, para tratar seguramente el mismo y candente asunto del desafuero, aunque desde óptica diversa. Ganó AMLO.

AMLO anunció más tarde la incorporación de Góngora a su equipo como asesor jurídico, hasta que el ministro mostró su verdadero rostro, un rostro feo, sin alma, al encarcelar a su ex pareja y negarse a darle los debidos alimentos a sus hijos por ser autistas.

Entre las propuestas que AMLO ha venido formulando está la de suprimir el Consejo de la Judicatura Federal y sustituirlo con una sala adicional de la Suprema Corte. De igual manera anunció la creación de un Tribunal Constitucional, a semejanza de los tribunales constitucionales europeos. De avanzar esta propuesta, situaría a la Suprema Corte en un clóset judicial, como última instancia de legalidad (corte de casación). Los asuntos de constitucionalidad quedarían a cargo de una instancia ajena al Poder Judicial de la Federación.

La idea del tribunal constitucional existe hace años y fue sembrada en México por el maestro Héctor Fix-Zamudio. Cuando consejero de la Judicatura Federal quedé convencido de su viabilidad para México y así lo escribí. Ahora la impulsa el ala progresista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con investigadores de prestigio, ya vieja guardia del movimiento lopezobradorista.

En cuanto a la SCJN, AMLO ha dicho que le bajará el sueldo a los ministros, lo que merece un artículo aparte, pues es más complicado que decirlo. Escribió además que existen dos vías para nombrar a los ministros: “que sean elegidos a través del voto popular o rediseñar el sistema de nombramiento para que se elimine el sistema de ternas y en su lugar sea una propuesta unipersonal por parte del Ejecutivo” (Morena, Proyecto de Nación 2018-2024).

AMLO no es abogado, pero como historiador empírico debería tener presente que la tarea del historiador es recordar lo que los demás olvidan. Ya en la benemérita Constitución de 1857, se estableció la designación de los ministros de la Corte por votación popular, un absoluto desastre.

Donde acierta es con acabar el mecanismo de ternas de ministros para que comparezcan al Senado y se elija uno. Así la República presenció penosos incidentes de candidatos que corrían, literalmente, al Senado para ganar favores partidistas.

Tribunal Constitucional y cancelación del Consejo de la Judicatura Federal son propuestas de gran calado. La Constitución de la CDMX ya estableció el Tribunal Constitucional para la Ciudad. La justicia mexicana daría un salto con un tribunal nacional, autónomo, independiente, configurado como órgano extra poder. Un Tribunal que no debería a nadie su existencia, salvo al texto constitucional que determinara su creación.

Si gana la elección, AMLO tendría que dar pasos institucionales para garantizar que la protesta que rinda como presidente sea creíble. La preocupación de muchos aterrados por el cambio que viene es que AMLO haga efectivo aquel extraño desplante: “al diablo con las instituciones”.

Si así sucediera, que la nación se lo demande y la historia no se lo perdone. Su obligación, como dice la Constitución, será ejercer el “Supremo Poder Ejecutivo de la Unión”. Dejaría de ser AMLO para convertirse en “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.

 

Consejero fundador de la Judicatura
Federal @DrMarioMelgarA

Mario Melgar-Adalid es Doctor en Derecho por la UNAM, ha sido Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro del SNI Nivel II.
 

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