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Contrarrevolución copernicana

18/09/2018
03:36
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El sistema político mexicano del siglo XX se caracterizó por que el presidente era el centro gravitacional de toda la política. La fortaleza constitucional del presidencialismo era potenciada por las facultades meta-constitucionales, como diría Jorge Carpizo.

Los últimos cuatro sexenios sirvieron para desmontar el híper presidencialismo. Con Zedillo hubo dos transformaciones esenciales, primero, la reforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que por primera vez tuvo facultades de un Tribunal Constitucional. La segunda, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Inició así un proceso real de separación de poderes que, aunque consagrado desde siempre en la Constitución, nunca se había materializado.

A lo largo de los sexenios de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto se crearon los Órganos Constitucionales autónomos que arrancaron facultades al Ejecutivo y sirvieron como contrapeso democratizador. El presidente dejó de ser el centro del universo político mexicano.

Los resultados de la elección democrática del pasado 1º de julio han dado un inmenso apoyo popular legítimo a López Obrador. La fuerza de su partido regresa al presidente electo al centro de la órbita y todo comienza a girar nuevamente a su alrededor.

El Congreso, con mayoría absoluta en ambas Cámaras, se encuentra a su disposición. La aprobación de la Ley de Salarios Máximos establece que nadie que trabaje al servicio del Estado puede ganar más que el Presidente de la República so pena de hacerse acreedor de sanciones administrativas e inclusive penales.

En un aparente acto de humildad republicana el presidente decide que él ganará 108 mil pesos al mes y nadie un peso más. En realidad estamos frente a la soberbia de quien se pone a sí mismo en la cúspide. Nadie debe superarlo. Nadie puede estar por encima de él. Todos los siervos deben estar por debajo de él.

Las medidas de austeridad de su gobierno no afectarán solamente a la Administración Pública Federal, sobre la que sin lugar a dudas debe ejercer su poder. Se impondrán al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los organismos constitucionales autónomos y muy probablemente a los gobiernos de todas las entidades de la República.

Esto es una violación a la división de poderes que será consumada legalmente a través de la reinstauración de una de las más importantes facultades meta-constitucionales: el control del presidente sobre el Congreso de la Unión.

La reducción de salarios, más allá de la Administración Pública Federal, será legal por virtud de la aprobación de la citada ley, podrá ser popular en virtud del eficiente discurso antisistema que ha sembrado tan hábilmente, sin embargo, carecerá de legitimidad democrática porque, aunque lo nieguen, es una intromisión desde el Ejecutivo que quiebra la necesaria división de poderes.

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