Seguridad interior: el país en la encrucijada

El pasado 30 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Ley de Seguridad Interior que ha sido categóricamente rechazado por la sociedad civil. Actualmente, la minuta se encuentra en el Senado. Si bien hace unos días se abrió un espacio para exponer distintas posturas, todo indica que no se están tomando en cuenta las preocupaciones externadas por organizaciones sociales, académicos, especialistas e instituciones de derechos humanos. Parecería que los legisladores ya recibieron línea, y que no les importa que el proyecto de ley tenga graves implicaciones jurídicas y políticas.

No somos ningunos ingenuos; sabemos que la presencia de las Fuerzas Armadas se explica por la incapacidad de las policías locales para enfrentar la grave inseguridad en algunas regiones. Nuestra crítica a este proyecto no es una crítica a las Fuerzas Armadas, ni tampoco, por cierto, a las corporaciones de policía, sino a los gobernantes que no han sabido, o no han querido, reformarlas y fortalecerlas. Pero confundir la seguridad pública con un concepto vago de “seguridad interior” no es la solución y a nadie beneficia. Al contrario, se ha denunciado hasta el cansancio, de manera notable por el colectivo #SeguridadSinGuerra, que el proyecto es ambiguo en sus conceptos, lo que abre la puerta a la arbitrariedad en su aplicación; que consolidaría la tendencia a desatender el fortalecimiento de las instituciones civiles, privilegiando una estrategia militar que no va a solucionar el problema, como no la ha solucionado en ningún estado en que se encuentren predominantemente las Fuerzas Armadas; que, de acuerdo con organismos de derechos humanos, la ley tendría graves implicaciones para la protección de estos derechos; y, por si fuera poco, que el Instituto Nacional de Transparencia advierte que transgrediría el derecho de acceso a la información pública, lo que impediría conocer las acciones y exigir cuentas.

Lo hemos dicho y lo repetimos: la Policía Federal no ha crecido este sexenio (crearon una división sin incrementar su número de elementos y, además, abandonaron sus procesos internos de desarrollo); el Secretariado Ejecutivo (que, al igual que la Policía Federal, depende de Gobernación) dejó de cumplir con su función de supervisar el desarrollo policial en el país; y los gobernadores se han hecho a un lado. Y este desastre no ha tenido consecuencias para ninguno de estos actores, desde el secretario de Gobernación para abajo. Dada esta negligencia, ahora se pretende aprobar una ley de la resignación; una ley que es, de hecho, una claudicación política porque pretende erradicar esta responsabilidad civil y transferirla al Ejército y a la Armada.

Además, es falso que no existan opciones. Si lo que se quiere es establecer un marco de actuación de las Fuerzas Armadas, se podría partir del régimen de excepción previsto en la Constitución, regular el uso de la fuerza con estándares internacionales y, en paralelo, elaborar un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública. ¿Cómo? Mediante la reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo a la Policía Federal y, al menos, a las 32 corporaciones estatales. Afortunadamente, la ineptitud de nuestros gobernantes no es un rasgo nacional. Si podemos fortalecer a las Fuerzas Armadas, ¿de dónde sale que no podemos fortalecer a las policías?

Ayer, el Presidente hizo un llamado al Senado para “que amplíe los espacios de diálogo, de acercamiento con las distintas organizaciones, para poder escuchar todas las voces y poder realmente enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo”. Esperamos que los legisladores tomen en cuenta estas palabras. Es mucho lo que está en juego. (Colaboró José Francisco De Villa Soto, investigador de Causa en Común).

Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera