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Se conocen las distintas fases anímicas que se suceden tras una catástrofe: heroísmo y cohesión comunitaria, desilusión, duelo y reconstrucción. Parece que ya estamos en la etapa de la desilusión y el desencanto. Sin embargo, estamos obligados a darle continuidad e institucionalidad a la solidaridad desbordada en los días posteriores al temblor. Desde luego, es importante no caer en los planteamientos oportunistas como los que cínicamente han desplegado los partidos políticos, proponiendo “donar” recursos que no son suyos, y financiarse con aportaciones privadas. Ese tipo de esquemas sólo profundizarían las vinculaciones que ya tienen con intereses privados y con financiamientos ilegales. Más bien debemos aprovechar la oportunidad para reconstruir con eficacia, transparencia y con una adecuada supervisión ciudadana. Pero no sólo eso: debemos generar proyectos debidamente presupuestados y calendarizados, que den oportunidades de empleo e ingreso a miles de mexicanos que perdieron lo poco que tenían.
En cuanto al papel que debe desempeñar la sociedad, la experiencia del sismo de 2010 en Chile ofrece lecciones valiosas. Quizá la más importante es la forma en que se articularon las comunidades afectadas con el gobierno y empresarios, para diseñar y emprender unidos la reconstrucción. Un ejemplo de alianza exitosa en estas tareas se observó en Constitución, una de las ciudades más afectadas por el sismo. Ahí, los gobiernos local y nacional, junto con la empresa más importante de la ciudad, trabajaron con un grupo de arquitectos especializados en vivienda y desarrollaron un plan de reconstrucción a partir de las decisiones que iban definiendo los propios habitantes. En consultas públicas, fueron ellos los que señalaron los principales problemas de vivienda que tenían antes de la catástrofe y los que priorizaron los espacios que debían construirse. Otra iniciativa digna de considerarse fue el Observatorio de la Reconstrucción, que dirigió la Universidad de Chile, en el cual académicos y sociedad civil generaron críticas, evaluaciones y propuestas de gran utilidad para la población a lo largo de todo el proceso. La aportación del Observatorio es que visibilizó los problemas de la reconstrucción y fue señalando las fallas gubernamentales que se iban detectando. Cada país es diferente, pero podemos aprender de la lección chilena, u otras, para encauzar la ardua tarea que tenemos en cuanto a procesos de transparencia, creatividad y planeación participativa.
Aquí, el presidente Peña Nieto anunció que, para Chiapas y Oaxaca, se entregarán monederos electrónicos a los afectados para adquirir material de construcción y mano de obra; esto es muestra de la intención por respetar la voluntad de las comunidades para elegir sobre el tipo de vivienda que desean tener. Sin embargo, el gobierno debería conducir el proceso de reconstrucción, en lugar de limitarse a la entrega de materiales. No sólo es poner ladrillo sobre ladrillo, sino mejorar la calidad de vida de las personas más afectadas por el sismo, a partir de escuchar a las comunidades. De esta manera se comenzaría también a atender la otra reconstrucción pendiente desde hace tiempo: la de la confianza ciudadana en sus autoridades.
Para las familias que perdieron su patrimonio, el tiempo apremia. Por eso tenemos que actuar con celeridad, sensibilidad y eficiencia. La urgencia no debe impedir que se aplique la ley a quienes criminalmente obviaron especificaciones técnicas; no debe impedir la planeación de largo plazo indispensable para sostener políticas de vivienda y empleo, y no debe impedir el diseño de mecanismos innovadores que garanticen la transparencia. Sólo así podremos aprovechar constructivamente la dura circunstancia que hoy vivimos.
(*Con la colaboración de María Guillén Garza Ramos).
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
