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El miércoles acudí a la 42 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia que reúne a autoridades de los tres órdenes de gobierno y a miembros de la sociedad civil, para definir las políticas de seguridad, procuración de justicia y del sistema penitenciario.
En términos generales, la sesión resultó muy pobre dada la crisis de inseguridad que enfrentamos. No hubo siquiera un reconocimiento de la gravedad de la situación; mucho menos, un esbozo de autocrítica por las omisiones e insuficiencias de la “estrategia de seguridad” (por llamarla de alguna manera). Se entiende que estamos en tiempos de cálculo electoral, pero no puede taparse el sol con un dedo, aunque sea presidencial.
Sin embargo, se dieron algunas definiciones que deben discutirse y evaluarse; por cuestiones de espacio comentaré brevemente cuatro de ellas:
1. Es de celebrarse la propuesta de actualizar la Red Nacional de Radiocomunicación. Es un tema complejo, pero el punto medular es que el Secretariado Ejecutivo ha estado promoviendo por años un solo tipo de tecnología que “amarra” las adquisiciones de equipo de comunicación con un sólo proveedor. Es indispensable adoptar una tecnología abierta, es decir, no propietaria, que además cumpla con las necesidades de cobertura y encriptado que requieren nuestras corporaciones.
2. Por otra parte, nadie puede pelearse con la idea de elaborar indicadores para medir el desarrollo de las policías estatales. Lo que sorprende es que ésta es ya una labor que corresponde al Secretariado Ejecutivo, el cual fue creado, precisamente, para asegurar que las policías cumplan con ciertos estándares de desarrollo institucional. Es más, por ley, los fondos federales asignados a los estados están etiquetados a programas prioritarios y a ciertas metas. Si no se tienen indicadores, ¿entonces cómo se asignan los fondos? ¿Cómo es posible que hasta el quinto año de gobierno se acuerde medir el desarrollo policial? Si no se conoce el estado de nuestras corporaciones, ¿entonces sobre qué base se fundamentó la coordinación pregonada este sexenio?
3. Nadie podría cuestionar tampoco que se actualice el modelo de control de confianza vigente. Ojalá los trabajos se dirijan hacia un modelo estricto, pero flexible, que tome en cuenta los puestos y funciones. No debe evaluarse de igual manera a un policía de reacción que a un oficial de inteligencia o a personal administrativo. Por otra parte, la despresurización de los Centros de Control de Confianza sólo podrá lograrse desarrollando mecanismos efectivos de preselección y eliminando criterios obsoletos de rechazo; y es que, hoy, jóvenes con vocación de servicio son descartados por cuestiones tan banales como incumplir con la estatura, o por tener tatuajes que son usuales en las nuevas generaciones.
4. Desde luego son acertados los acuerdos para homologar e interconectar las bases de datos sobre violencia de género, y para crear una nueva sobre incidentes cibernéticos. Sin embargo, debería reconocerse y revertirse el abandono en que se encuentra Plataforma México, que es el complejo tecnológico a cargo de integrar las bases de datos criminales de todo el país. Son comunes las quejas de los operadores debido a los múltiples problemas que enfrentan en su interacción con el sistema.
Aunque es clara la incapacidad de construir una estrategia de seguridad; aunque la supuesta “coordinación” ha sido un eslogan vacío; y aunque ni el gobierno federal ni los estatales asumen su responsabilidad frente al dramático repunte de los delitos de alto impacto, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil insistiremos en señalar omisiones e ineptitudes y, ante todo, en proponer soluciones para enfrentar la peor crisis de inseguridad de nuestra historia moderna.
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
