El 21 de noviembre del año pasado, advertí con toda claridad en este mismo espacio que había razones de sobra para rechazar el nombramiento de Raúl Cervantes como procurador general de la República y, por supuesto, para oponerse tajantemente a su designación como el primer fiscal general de la nación. Señalé que, de ocurrir así, “un político muy cercano al actual grupo en el poder sería el encargado de la procuración de justicia lo que resta de este gobierno, todo el próximo sexenio y los inicios del siguiente”. Esto, afirmé, “puede convertirse en una vergüenza y en un error muy difícil de enmendar en el futuro”.

En ese momento fui muy clara en mi crítica a los legisladores de todos los partidos que habían permitido que este abogado, totalmente alineado a los intereses del PRI y del gobierno, estuviera en la antesala de la Fiscalía General. Lo advertí porque de acuerdo con la reforma constitucional —que todos los partidos votaron a favor— el procurador que estuviera en turno se convierte en Fiscal General. Así es que votaron a sabiendas del famoso pase automático. Fui contundente en aquel artículo de 21 de noviembre y cito a continuación:

“…el Senado de la República aprobó el nombramiento de Raúl Cervantes como procurador general de la República. La sesión no ameritó discusión alguna sobre la idoneidad del elegido, pero sí nueve minutos de aplausos por parte de senadores de todos los partidos: una verdadera celebración entre amigos.

En nuestra cara se aprobaba este nombramiento con la intención clara de que Cervantes se convierta en el primer fiscal general de la nación, un encargo de nueve años. Eso significa que un político muy cercano al actual grupo en el poder sería el encargado de la procuración de justicia lo que resta de este gobierno, todo el próximo sexenio y los inicios del siguiente. De ese tamaño serían las consecuencias. Esto realmente puede convertirse en una vergüenza y en un error muy difícil de enmendar en el futuro.

Es lamentable la falta de sentido representativo y democrático por parte de senadoras y senadores de todos los partidos. También es terrible la ausencia de debate, la nula reflexión sobre las consecuencias de largo plazo para el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y para el país.

Todavía estamos a tiempo … de lo que hay que cuidarse es que la ley reglamentaria sea aprobada en el Senado, … Esta iniciativa sólo requiere de mayoría simple para su aprobación”.

Hay que aclarar que la ley orgánica de la Procuraduría que fue aprobada en la Cámara de Diputados —también aprobada por todos los partidos— tiene varias deficiencias que son importantes de subsanar.

Meses después de la designación, el propio presidente Peña Nieto presentó una iniciativa para derogar el artículo transitorio de la reforma al 102 constitucional que evitaba el pase automático. Pero ahí se quedó. No se ha movido.

Necesitamos una Fiscalía independiente, autónoma y eficaz para combatir la impunidad. La oposición tiene la responsabilidad política de resarcir lo que tenga que resarcir y de no permitir que los esfuerzos de toda una sociedad se estrellen entre las miserias del poder. Y no sólo es el titular, también necesitamos que la Fiscalía tenga un servicio civil de carrera transparente y eficaz; que garantice un Ministerio Público profesional en sus investigaciones; una unidad de asuntos internos equipada para garantizar la probidad de los funcionarios y fomentar un entorno de profesionalismo y rendición de cuentas; y una unidad de servicios periciales equipada con la más avanzada tecnología y que sea completamente autónoma, entre otras características. Estemos atentos a la iniciativa que presentarán las organizaciones sociales esta semana.

POR CIERTO. México atraviesa hoy por un momento crítico y requiere de hombres y mujeres fieles a los valores democráticos. Nuestro país necesita de un panismo unido, con un liderazgo comprometido y rumbo claro. La división del PAN no debe continuar.

Abogada

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