La agenda que viene

El uso político del combate a la corrupción ha dejado al concepto despojado de su contenido. El grito de guerra que debía orientar propuestas para el siguiente sexenio está por ahora reducido a un inútil cajón de sastre en donde igual cabe una descalificación que una comisión para investigar a un ex Presidente de la República.

Los casos pendientes por corrupción corporativa como el de Odebrecht y OHL se suman a los expedientes abiertos por corrupción política con cuatro ex gobernadores detenidos y dos considerados prófugos de la justicia. Pasará la elección y muy probablemente habrá nuevos escándalos y renovadas indignaciones.

El nuevo gobierno, cualquiera que sea su color y conformación, estará orillado a decidir entre la simulación —a costa de su legitimidad— o la acción con el riesgo de evitar el apoyo ciego que otorga la complacencia. Su temple será medido a partir del alcance de sus propuestas.

Cuatro ejes pueden marcar la diferencia entre más de lo mismo y cambios de largo aliento. En primer lugar se trata del acceso a los cargos públicos y la generación de capacidades. Mientras no se promuevan criterios de mérito, certeza, igualdad e independencia para el acceso a cargos de responsabilidad pública seguirá existiendo un sistema de botín en el que se repartirán los cargos públicos a partir de lealtades políticas en detrimento del resultado de las administraciones. La lógica de cuotas y cuates es lo que ha vaciado a las administraciones de su sentido democrático. Con el cambio de gobierno la situación podrá ser aún más grave puesto que a falta de un servicio civil funcional, se despedirá a aquellos que hoy cuentan con la experiencia y conocimientos adquiridos en el desempeño de sus funciones. En segundo lugar, se trata de la mejora en los puntos de contacto entre ciudadanos y autoridades. Los sobornos suelen ser las conductas más documentadas en los índices que tratan de medir la corrupción y por lo mismo las víctimas más comunes de los coyotes o intermediarios suelen ser los que menos dinero o influencia tienen. La necesidad de una política con enfoque de derechos que evite el abuso en la ventanilla, fomente la vigilancia, automatice trámites y limite la discrecionalidad podrá darle un nuevo rostro a la siguiente administración en un tiempo relativamente rápido. En tercer lugar está el paquete de decisiones que ayude en la definición y procesamiento de la responsabilidad pública tanto de funcionarios como de entes privados que tengan tratos con el gobierno. No se trata de una nueva reforma sino de diseñar con base en lo que se tiene. En un gobierno en el que no existe claridad sobre quién es responsable de qué, resulta imposible exigir respuestas y asumir el resultado de una decisión. En cuarto lugar se requiere emprender medidas que mejoren las acciones de prevención y las investigaciones de corrupción tomando en cuenta que las redes son complejas, trascienden distintos regímenes políticos y suelen funcionar de manera sistémica. La lógica del mapeo de redes, así como la mejora en los flujos de información, es fundamental para el desmantelamiento de las mismas. Todo esto habrá de funcionar con medios de comunicación libres y con la participación abierta de la ciudadanía. Desde los grupos más excluidos hasta los más sofisticados, todos deben tener voz en una política nacional de combate a la corrupción. Esto, claro está, si el combate a la corrupción va en serio.

Coordinadora de la Red por la Rendición
de Cuentas. Profesora asociada del CIDE