Bachelet: la mujer y los derechos

Michelle Bachelet luchó durante dos años y medio desde ONU Mujeres por mejorar las condiciones de vida y la dignidad de las mujeres del mundo. Paradójicamente, su natal Chile, enfrentaba recomendaciones de organismos internacionales para modificar la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo y que, al menos, se contemplaran tres causales como no punibles: si el embarazo era producto de una violación; si corría peligro la vida de la mujer y por inviabilidad del producto.

A excepción de República Dominicana, Nicaragua y El Salvador, la totalidad de los Códigos de la región contemplan —en algunos casos desde principios del siglo XX— estos supuestos.

Bachelet ya había ostentado el cargo de Presidenta de Chile de 2006 a 2010 y, en materia de derechos sexuales y reproductivos, sólo había logrado avanzar con la expedición de la ley 20,418 que fijó normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de fertilidad, incluida la anticoncepción de emergencia.

Posiblemente en su primer periodo no pudo avanzar todo lo que hubiera querido, por la composición de la Coalición que la llevó al poder.

Michelle, al ser médica de profesión con especialidad en salud pública y haber trabajado en la Organización Panamericana de la Salud, como ministra de Salud en el gobierno de Ricardo Lagos y en la Organización Mundial de la Salud, tenía plena conciencia de la realidad a la que se enfrentan las mujeres cuando se encuentran ante la disyuntiva de continuar o interrumpir la gestación. En varias ocasiones abordó la violencia durante el embarazo y las particularidades de niñas y adolescentes abusadas sexualmente.

En su segundo periodo presidencial (2014-2018), en un mensaje a la nación del 21 de mayo de 2014, Bachelet convocó a una discusión madura e informada sobre las tres causales, y el 31 de enero siguiente presentó la iniciativa que fue aprobada por ambas Cámaras y pasada a la Comisión Mixta. Cada una de las causales recibió un voto diferenciado. Llamó la atención que, en el caso de la violación, los opositores insistieran en que las mujeres serían capaces de “inventar” el suceso.

Bachelet fue contundente al señalar en su iniciativa que “los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de gran riesgo para la vida y la salud de las mujeres”.

Recalcó también que “Chile tuvo una importante tradición jurídica y de salud pública interrumpida arbitrariamente en los últimos días de la dictadura”. (Bachelet tenía 22 años cuando Pinochet consumó el golpe de Estado).

El Tribunal Constitucional Chileno avaló en días pasados la reforma, colocando de nuevo al país andino, por lo que respecta a derechos reproductivos, en el lugar en el que se encontraba antes de la dictadura y en sintonía con la regulación de la mayoría de los países latinoamericanos.

Queda claro que decisiones de esta magnitud no dependen de la sola voluntad de la persona que gobierna, sino de las condiciones políticas y sociales imperantes en el momento de la decisión y del mérito de saber sopesarlas. Bachelet estuvo apoyada en este proceso por los colectivos de mujeres que han luchado décadas atrás por el derecho a decidir.

Una mujer sensible en el origen y sensibilizada por las circunstancias tuvo en sus manos la posibilidad de devolver la dignidad a las chilenas y lo hizo; sin embargo, a partir de que este mes entre en vigor la reforma, vendrá la difícil tarea de implementación, que ya deja entrever la posible objeción de conciencia de algunos médicos chilenos. Sin embargo, el paso está dado y seguramente se encontrará la manera de garantizar el ejercicio pleno del derecho recién reivindicado.